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Resto del mundo

Arrestan asesino serial gracias a banco de ADN público

El arresto del asesino serial del «Golden State» gracias a los bancos de ADN de un sitio de genealogía suma otra dimensión al desafío de la protección de datos personales.

Joseph James DeAngelo es un ex-policía de 72 años, sospechoso de ser el autor de 12 asesinatos y al menos 50 violaciones en las décadas de 1970 y 1980 en California. Fue identificado por las coincidencias encontradas entre su perfil genético y el de un miembro lejano de su familia, registrado en un banco de datos de la firma GEDmatch, de acceso público.

Los criminólogos usan ya «big data», el abanico de informaciones personales, para tratar de pronosticar quién es estadísticamente proclive a cometer delitos. Con el consiguiente riesgo de hacer perfiles con base racial o socioeconómica.

«El ADN se inscribe en el vasto problema de saber cómo categorizamos a la gente en el siglo XXI», dijo el profesor Joseph Turow de la facultad Annenberg de Comunicación de la universidad de Pensilvania. Según el académico, la genética es solamente una parte de las preocupaciones ligadas a la biométrica. «El rostro, la voz, los genes, las partes del cuerpo son cada vez más usadas como identificadores».

Luego de la estadística, la segmentación, la selección, los perfiles psicodemográficos, ahora se usa la detección personalizada para pronosticar comportamientos, señala el experto, que destaca el riesgo de discriminación. Positiva cuando se trata de obtener una rebaja o un tratamiento VIP según los hábitos de consumo, o negativa (sobretasas, negativa de servicio) cuando se considera que el perfil es el de un mal cliente.

«Que pasará si un test de ADN hace de uno alguien no-asegurable?», los familiares más próximos o miembros lejanos de su familia podrán tener problemas para contratar un seguro u obtener un trabajo, cuestiona Turow.

«No se puede separar los datos de marketing de los datos gubernamentales», advierte.

Todas las informaciones en internet son vulnerables, con frecuencia obtenidas de manera ilegal o disimulada, como lo demostraron los numerosos robos informáticos a gigantes bancarios o de grupos de distribución, los escándalos de utilización de datos de Facebook o Google por la Agencia de seguridad nacional (NSA) estadounidense y Cambridge Analytica.

El sitio de contactos para homosexuales Grinder difundió así información sobre VIH de sus miembros sin el consentimiento de éstos.

Por su parte, los motores de búsqueda como Google o Yahoo! registran nuestras búsquedas en internet, nuestros emails. Las redes sociales como Facebook censan todas nuestras relaciones, nuestras fotos y los celulares almacenan nuestros mensajes, nos geolocalizan y nos escuchan gracias a herramientas de control auditivo.

«Si usted usa su teléfono como GPS (…), éste registra su manera de conducir. Supongamos que ocurra un accidente, ¿quién posee esos datos, la policía puede pedirlos? ¿El borracho que lo chocó puede usarlos en su contra, diciendo que usted conducía siempre demasiado rápido?», señala Ken Birman, profesor de informática de la Universidad de Cornell.

«Es tiempo de poner la protección de la vida privada de los consumidores antes que la avidez de las empresas», afirma Michael Copps, ex-miembro de la Comisión federal de comunicaciones (FCC), en una nota publicada en USA Today.

«Las empresas deberían dar información clara sobre qué datos recogen y cómo serán utilizados», agrega.

El experto exhorta al Congreso estadounidense a inspirarse en la nueva reglamentación europea: los sitios de internet no pueden enterrar en una nota ininteligible al pie de página el uso que hacen de los datos de los usuarios y éstos deben poder retirar su consentimiento «tan fácilmente como lo dieron», bajo pena de multas disuasivas.

Pero Turow es escéptico: los gigantes informáticos harán todo lo posible para evadir los condicionamientos, mientras que una mayoría de los estadounidenses «se resigna a brindar sus datos».

Cada vez más, será necesario que cada uno «elija su veneno» entre «Google, Amazon o Facebook», concluye fatalista.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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