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Arrestan asesino serial gracias a banco de ADN público

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El arresto del asesino serial del «Golden State» gracias a los bancos de ADN de un sitio de genealogía suma otra dimensión al desafío de la protección de datos personales.

Joseph James DeAngelo es un ex-policía de 72 años, sospechoso de ser el autor de 12 asesinatos y al menos 50 violaciones en las décadas de 1970 y 1980 en California. Fue identificado por las coincidencias encontradas entre su perfil genético y el de un miembro lejano de su familia, registrado en un banco de datos de la firma GEDmatch, de acceso público.

Los criminólogos usan ya «big data», el abanico de informaciones personales, para tratar de pronosticar quién es estadísticamente proclive a cometer delitos. Con el consiguiente riesgo de hacer perfiles con base racial o socioeconómica.

«El ADN se inscribe en el vasto problema de saber cómo categorizamos a la gente en el siglo XXI», dijo el profesor Joseph Turow de la facultad Annenberg de Comunicación de la universidad de Pensilvania. Según el académico, la genética es solamente una parte de las preocupaciones ligadas a la biométrica. «El rostro, la voz, los genes, las partes del cuerpo son cada vez más usadas como identificadores».

Luego de la estadística, la segmentación, la selección, los perfiles psicodemográficos, ahora se usa la detección personalizada para pronosticar comportamientos, señala el experto, que destaca el riesgo de discriminación. Positiva cuando se trata de obtener una rebaja o un tratamiento VIP según los hábitos de consumo, o negativa (sobretasas, negativa de servicio) cuando se considera que el perfil es el de un mal cliente.

«Que pasará si un test de ADN hace de uno alguien no-asegurable?», los familiares más próximos o miembros lejanos de su familia podrán tener problemas para contratar un seguro u obtener un trabajo, cuestiona Turow.

«No se puede separar los datos de marketing de los datos gubernamentales», advierte.

Todas las informaciones en internet son vulnerables, con frecuencia obtenidas de manera ilegal o disimulada, como lo demostraron los numerosos robos informáticos a gigantes bancarios o de grupos de distribución, los escándalos de utilización de datos de Facebook o Google por la Agencia de seguridad nacional (NSA) estadounidense y Cambridge Analytica.

El sitio de contactos para homosexuales Grinder difundió así información sobre VIH de sus miembros sin el consentimiento de éstos.

Por su parte, los motores de búsqueda como Google o Yahoo! registran nuestras búsquedas en internet, nuestros emails. Las redes sociales como Facebook censan todas nuestras relaciones, nuestras fotos y los celulares almacenan nuestros mensajes, nos geolocalizan y nos escuchan gracias a herramientas de control auditivo.

«Si usted usa su teléfono como GPS (…), éste registra su manera de conducir. Supongamos que ocurra un accidente, ¿quién posee esos datos, la policía puede pedirlos? ¿El borracho que lo chocó puede usarlos en su contra, diciendo que usted conducía siempre demasiado rápido?», señala Ken Birman, profesor de informática de la Universidad de Cornell.

«Es tiempo de poner la protección de la vida privada de los consumidores antes que la avidez de las empresas», afirma Michael Copps, ex-miembro de la Comisión federal de comunicaciones (FCC), en una nota publicada en USA Today.

«Las empresas deberían dar información clara sobre qué datos recogen y cómo serán utilizados», agrega.

El experto exhorta al Congreso estadounidense a inspirarse en la nueva reglamentación europea: los sitios de internet no pueden enterrar en una nota ininteligible al pie de página el uso que hacen de los datos de los usuarios y éstos deben poder retirar su consentimiento «tan fácilmente como lo dieron», bajo pena de multas disuasivas.

Pero Turow es escéptico: los gigantes informáticos harán todo lo posible para evadir los condicionamientos, mientras que una mayoría de los estadounidenses «se resigna a brindar sus datos».

Cada vez más, será necesario que cada uno «elija su veneno» entre «Google, Amazon o Facebook», concluye fatalista.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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