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Arresto de ilegales, negocio para centros privados de detención en EU

La directora del Programa de las Américas para la Política Internacional, Laura Carlsen, opinó que la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha vuelto más vulnerables a los connacionales, ha significado también todo un negocio para los centros privados de detención de migrantes.
Tal es el caso de Corporación de Correccionales de América (CCA) y otra denominada GEO, dos empresas principalmente y si uno ve con la bolsa, en el mercado de valores, después del triunfo de Trump, estos fueron los sectores en donde se disparó el valor de sus acciones», afirmó en entrevista.
Se trata, explicó a Notimex, de un «negocio» y están esperando tener buenos tiempos con la administración Trump, dado que el vecino país del norte cuenta con centros federales y estatales, propiedad del gobierno, cuyo manejo está a cargo de compañías privadas.
Además, hay otros centros que son totalmente privados que participan en el negocio de mantener en prisión a los inmigrantes indocumentados, añadió.
La activista expuso que durante la administración del expresidente Barack Obama se anunció que «se iba a terminar con los centros de detención familiares, pero también con el uso de centros privados de detención de migrantes en Estados Unidos porque tenían una lógica perversa».
Lo cierto, resumió Laura Carlsen, es que se trata de «un negocio que necesita presos (…) en la política hay un incentivo para meter a la gente que su único delito ha sido ir buscando trabajo».
A pregunta expresa, indicó que si bien hasta el momento no se ha observado un número masivo de deportaciones, «el impacto principal es un ambiente de miedo que ha generado retornados que no quieren esperar a que los agarren».
Lo anterior, «porque hay gran probabilidad de que no solo sean deportados (a México) sino detenidos para levantar al negocio de las cárceles privadas antes de ser deportados».
Precisó que la primera «ola de redadas» ha sido es relativamente pequeña, sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses «están agarrando a gente de criminales y en realidad, su único crimen es ser indocumentado, que no cuenta con un visado» o con sus papeles el orden.
La directora del Programa de las Américas para la Política Internacional hizo notar que reportes de diversas organizaciones sobre el ambiente que se vive en diferentes lugares de la unión americana «son muy graves desde el punto de vista de las necesidades (de los migrantes) y de las políticas migratorias».
En este marco, destacó la urgencia de que se refuerce el apoyo que otorga el gobierno mexicano a través de los 50 consulados ubicados en Estados Unidos, los cuales, en su opinión, resultan insuficientes ante la demanda que se ha presentado.
Incluso, puntualizó, se tiene conocimiento de empresas estadounidenses que no han logrado levantar sus cosechas, «pues los migrantes tienen miedo de reportarse a trabajar o de cruzar para buscar algún trabajo».

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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