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Arturo Medina confirma negociaciones entre AMLO y Salinas Pliego, pero niega que existiera un acuerdo formal

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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, reconoció este lunes que sí hubo acercamientos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego para analizar la deuda fiscal del grupo empresarial, aunque aclaró que nunca se firmó un convenio ni se estableció un monto de pago.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Medina explicó que su participación se limitó a integrar una mesa técnica con representantes del empresario, a fin de explorar posibles rutas de solución, pero enfatizó que las conversaciones no derivaron en ningún acuerdo formal.

“Nunca se firmó algún acuerdo, no existe un documento que así lo establezca. El grupo siempre sostuvo que su deuda era menor a lo determinado por el SAT”, afirmó el funcionario, en respuesta a un comunicado de Grupo Salinas que lo señaló como intermediario designado por el entonces presidente López Obrador.

Medina añadió que el pago de 2 mil 700 millones de pesos al que hace referencia Salinas Pliego corresponde a un litigio de años anteriores, sin relación con los adeudos actuales que el Servicio de Administración Tributaria mantiene en disputa.

“El adeudo del grupo empresarial tiene más de 17 años y se originó desde hace tres sexenios. Ninguno de esos procesos comenzó con los gobiernos de la transformación, y en ninguno han querido pagar. El Grupo Salinas falta a la verdad”, sostuvo.

Según el propio empresario, en el texto difundido por su consorcio, él habría propuesto a López Obrador alcanzar “un acuerdo justo y apegado a derecho”, y fue por ello que se designó a Arturo Medina como enlace del gobierno. No obstante, el subsecretario reiteró que esas negociaciones nunca se concretaron y que el Estado mexicano mantiene firme su postura de cobrar los adeudos fiscales pendientes.

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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