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México

Arturo Zaldívar renuncia a ampliación de su mandato en la Suprema Corte

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que existen precedentes de la ampliación de mandato en el Poder Judicial, entre ellos, dijo, los de los magistrados del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ampliados por el Congreso.

“Lo cierto es que no estoy en la SCJN por cargos o por ambiciones. Mi único compromiso es y será con la Constitución y los derechos humanos, ésa es la única razón por la que estoy en este lugar. Concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022”.

En rueda de prensa desde la sede del Alto Tribunal, Zaldivar aseguró que no cederá ante los grupos de poder del pasado que quieren regresar: “No lo permitiremos, no importa el costo que tengamos que pagar”.

Arturo Zaldívar dijo que toma la decisión de no acogerse a la reforma del Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Reforma al Poder Judicial, pues indicó que no se quiere una vuelta al pasado.

“No queremos una vuelta al pasado, no queremos más cultura de nepotismo”.

Explicó que comunicó su decisión al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que sostuvo el pasado jueves.

Sobre la reunión sostenida con los cinco magistrados del TEPJF, indicó que apoyará las decisiones que se tomen al interior del organismo jurisdiccional.

“Yo participo apoyando, ayudando, dando mis expresiones, pero siempre respetando la decisión que ellos tomen al respecto”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo un llamado al magistrado José Luis Vargas Valdez para que desista de permanecer al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“La permanencia del magistrado José Luis Vargas Valdez ya no es viable, por responsabilidad debería dar un paso al costado. Le hago una exhortación respetuosa para que tome una decisión porque ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo de cinco integrantes”.

Zaldívar Lelo de Larrea indicó que se tiene que plantear si el TEPJF se excluye del Poder Judicial o, por el contrario, se integran al mismo, porque de ser el caso “esta crisis institucional jamás hubiera ocurrido”.

Aseguró que el diseño del TEPJF debe ser revisado y corregido para evitar futuros conflictos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desmintió las versiones que señalaron que durante la reunión sostenida con los magistrados electorales hubo un veto o censura al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Expresó que la decisión de sostener un interinato de Reyes Rodríguez es de los mismos magistrados; agregó que independientemente de los recursos jurídicos presentados sobre este tema, el conflicto es “político” y se tiene que resolver al interior de los propios magistrados.

También desmintió los señalamientos de que el titular del Ejecutivo federal se hubiera pronunciado en favor de la magistrada Janine Otálora.

“Es absolutamente falso, lo único que me comentó el presidente es que él respetaba la decisión de los magistrados”.

Por último, indicó que recibirá al magistrado José Luis Vargas Valdez y a la magistrada Mónica Soto Fregoso para contribuir al diálogo y la resolución del conflicto.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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