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Opinión

Asalto y Traición: La Aprobación de la Reforma Judicial.

Por Caleb Ordoñez T.

En México, hasta los dramas políticos parecen sacados de una telenovela. Imagínate: el Senado convertido en un ring de lucha libre, con políticos traicionando como villanos enmascarados, extintores en mano, y manifestantes tomando el control. Al final, el «plot twist» más inesperado: un senador del PAN da el «voto de oro» a Morena, traicionando a su propio partido. ¡Ni la rosa de Guadalupe tiene estos giros tan exagerados!

Mientras tanto, la reforma judicial sigue su curso, con México viendo cómo se desarrolla este culebrón político digno de horario estelar. Mucho mejor que la descafeinada “casa de los famosos”.

Con tan férreo oficialismo e ingredientes totalitarios, fue como regresar a los años sesentas, pero con youtube live. Lo sucedido ayer en el Senado mexicano fue un espectáculo que dejó a todos atónitos; un show que provocó risas y lágrimas.

La aprobación de la reforma judicial impulsada por la administración de la auto-llamada Cuarta Transformación (4T) no solo fue una jornada de largas horas, sino una de tensiones políticas y caos que reflejan la profunda división permanente, en torno a las decisiones que definirán el rumbo del país.

La reforma judicial, una de las más importantes propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca cambios fundamentales en el Poder Judicial. Para la 4T, esta reforma es un paso necesario para combatir la corrupción y garantizar una justicia más accesible y cercana al pueblo. Según el oficialismo, el sistema judicial actual está «secuestrado» por las élites y los grandes intereses, por lo que estos cambios permitirían democratizar y desarticular los abusos de poder que han prevalecido durante décadas.

Sin embargo, para la oposición, la historia es completamente distinta. El bloque del PAN, PRI y MC ha argumentado que esta reforma compromete la independencia del Poder Judicial, concentrando aún más poder en el Ejecutivo y debilitando los contrapesos fundamentales para la democracia. Señalan que los cambios propuestos otorgan al presidente facultades excesivas sobre el nombramiento de jueces y magistrados, y temen que esto abra la puerta a una subordinación del sistema judicial a los intereses del gobierno.

Exhibición inolvidable.

El día de la votación, mientras se llevaba a cabo la discusión, las cosas tomaron un giro inesperado. Grupos de manifestantes, en su mayoría de jóvenes, irrumpieron en el recinto del actual Senado, generando un ambiente de caos. Mientras tanto, dentro del recinto, el panorama político estaba lleno de incertidumbre. La «traición» más sonora fue la del senador conservador Miguel Ángel Yunes Linares, quien, a pesar de pertenecer a las filas del PAN e incluso ser exgobernador por esas siglas, fue recibido con porras y una bizarra ovación de la bancada izquierdista, que durante los últimos años no lo han bajado de “ratero”, “corrupto” y “líder de la mafia del poder”, todos estos adjetivos utilizados en su contra por el presidente López Obrador.

Pero ahora, exculpado de todos sus pecados políticos, llegaba al recinto para reemplazar a su hijo, el junior Miguel Ángel Yunes Márquez, quien solicitaba una mini licencia por sentirse mal -físicamente-. Yunes papá se posicionaba en el pleno, para gritarnos a todos; a los opositores, morenistas o imparciales que los Yunes ya eran miembros honorarios del obradorismo.

Este hecho generó gran indignación dentro de su propio partido y fue visto como un golpe artero a la cohesión de la oposición.

Yunes justificó su posición argumentando que ciertos aspectos de la reforma eran necesarios para mejorar la impartición de justicia en el país, pero sus colegas lo acusaron de haber vendido su posición: “¡traidor!”, “¡vendido!”, “¡cobarde!” Le gritaban sus ex compañeros y amigos, profundamente enojados y decepcionados, de quien fuera quizá, el mayor opositor de López Obrador en los últimos 18 años.

El caos en el Senado llegó a tal punto que la votación tuvo que trasladarse a una sede alterna para poder ser llevada a cabo con normalidad. A pesar de las protestas, dentro y fuera del recinto, la reforma fue aprobada por mayoría, con la ayuda del “Junior” Yunes que regresaba a su curul para cumplir con la estocada final y la faena de su traición -ya se sentía mejor de su espalda- pasadas las 00:00 horas, lo que generó aún más confrontaciones en la arena política de Xicoténcatl, que se sitúa cerca de la arena de lucha libre: La coliseo.

Jugando con fuego.

Para los fieles seguidores de la 4T, esta victoria es un logro más en la consolidación de la transformación del país: “Haiga sido como haiga sido”.

Consideran que las instituciones deben ser reformadas para garantizar justicia verdadera a los sectores más vulnerables. La narrativa oficialista ha enmarcado la reforma como una lucha entre el viejo régimen corrupto y un nuevo sistema más equitativo.

Por otro lado, la oposición considera que el Poder Judicial está ahora en una situación precaria y que el Ejecutivo tiene las herramientas para interferir en su funcionamiento de manera peligrosa, donde pudiera meter mano el narcotráfico y otros grupos criminales.

Lo ocurrido en el Senado ayer no solo fue una votación histórica, sino un reflejo de la creciente polarización en el país. Ver a Alejandro Murat, Javier Corral o Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hasta hace semanas eran fines defensores del PRI y PAN, ahora disfrazados de izquierdistas, muestran la descomposición de causas en la política mexicana. Aunque también el pragmatismo de la 4T, buscando habituarse en el centro del tablero ideológico político.

Y así, con más votos que en una rifa de pueblo, la reforma judicial fue aprobada en un 11 de Septiembre, a la mexicana. Entre chapulines que saltaron de un partido a otro y traiciones dignas de una novela de suspenso, nos queda la duda: ¿Qué será lo siguiente? ¿Votarán también por incluir tacos en la canasta básica? Al menos ahí, todos estaríamos de acuerdo.

Todo sería muy gracioso, si no se tratara de un tema tan complicado y trascendente como el golpe que recibe un poder autónomo, que hoy está francamente debilitado por el oficialismo. ¿O será para bien? Solo el tiempo nos lo dirá.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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