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Asamblea Constituyente remueve a la fiscal general de Venezuela

La Asamblea Constituyente de Venezuela removió a la fiscal general de su cargo y el tribunal supremo ordenó enjuiciarla, luego de que la funcionaria rompiera con el Gobierno y lo denunciara en medio de protestas por la crisis que vive el país.
Queda removida de su cargo de fiscal general de la república la señora Luisa Ortega Díaz”, dijo después de una votación por unanimidad y entre aplausos la Delcy Rodríguez, presidenta de la cámara.
Un grupo de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana impidió hoy la entrada de Ortega a la sede del Ministerio Público (MP) poco antes de que se anunciara su destitución como fiscal general.
Ortega abandonó el lugar tras ser obligada a retirarse de la sede y sus alrededores por los militares.
El líder del oficialismo y uno de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, justificó la remoción de Ortega Díaz al considerar que “hay una inacción de la Fiscalía» y «Ortega se había convertido en centro de la injusticia».
En lugar de Ortega se anunció la designación del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques a Ortega Díaz, que será reemplazada por Tarek William Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro y actualmente Defensor del Pueblo.
La fiscal investigaba a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2 mil heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
En tanto, el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, un gesto interpretado como autoritario y que recibió un duro rechazo de la comunidad internacional
Ortega Díaz simpatizó durante mucho tiempo con el expresidente Hugo Chávez pero rompió con Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.
Más temprano, Ortega Díaz denunció que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público con «escudos».
No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público», dijo Ortega Díaz a periodistas. También aseguró que golpearon a sus escoltas.
La Guardia Nacional Bolivariana rodeó por la mañana la oficina de la fiscal general. El acceso al edificio quedó completamente restringido y sus funcionarios no podían entrar ni salir, aseguró el organismo en Twitter.
La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, empezó a trabajar el sábado después de instalarse formalmente el viernes en una escueta sesión inaugural y se fijó un plazo funcionamiento de hasta dos años.
No crean que vamos a esperar semanas, meses o años”, lanzó la ex canciller Rodríguez durante su investidura como presidenta de la Constituyente. «A los violentos, a los fascistas, a los que le hacen la guerra económica al pueblo, a los que le hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia», aseguró.

Excelsior

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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