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Ascienden a 36 las defunciones por COVID-19 en Chihuahua

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El número de defunciones a causa de COVID-19 en el estado de Chihuahua ascendió a 36 y la cifra de casos confirmados con contagio es de 165, dio a conocer José Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.

Durante la 66 Conferencia Informativa, en que se da a conocer la actualización de la situación de la pandemia en Chihuahua, el funcionario precisó que de las víctimas, 29 eran residentes de Ciudad Juárez, 5 en la capital del estado, y destacan Cuauhtémoc y Guadalupe con uno cada uno.

De estos, fallecidos 12 estaban en el rango de edad de 25-44 años, 20 en el de 45-64 años, 2 en el de 65 – 69 y 2 en el de 70-74. De ese total, el 23 por ciento padecían diabetes como comorbilidad, el 29 por ciento hipertensión, el 19 por ciento obesidad, 10 tenían asma, 7 por ciento tenían una enfermedad cardiaca, el 3 por ciento con insuficiencia renal, el 6 por ciento con tabaquismo y el resto tenían otro tipo de padecimiento.

En Ciudad Juárez, de los 29 fallecidos, 21 fueron internados en el IMSS, 4 en el sector salud estatal, 2 en el ISSSTE y 2 en hospitales particulares; de los decesos de la ciudad de Chihuahua, 4 pacientes eran del IMSS y 1 convalecía en Pensiones Civiles del Estado.

En los casos de Cuauhtémoc y Guadalupe, ambos eran derechohabientes del IMSS.

Además de los casos confirmados, 119 pertenecen a Ciudad Juárez, 30 a la ciudad de Chihuahua, con 5 Bachíniva, Meoqui y Namiquipa con 2 cada uno y Cuauhtémoc, Ojinaga, Julimes, Camargo, Saucillo y el Valle de Guadalupe con un caso cada uno.

La información muestra que el 64 por ciento de los afectados son hombres y 36 mujeres. Además suman ya 350 los casos descartados, 223 sospechosos y hay 17 recuperados de 515 pruebas realizadas.

Además, de los confirmados 63 se encuentran hospitalizados, de los cuales 21 están estables, 35 en condición grave y 7 en condición de grave intubado; otros 49 se encuentran en tratamiento ambulatorio.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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