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Asegura Conafor que incendio en área de Guerrero, Ocampo y Temósachic está bajo control

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer que el incendio forestal que afecta a siete ejidos en los municipios de Guerrero, Ocampo y Temósachic en Chihuahua reporta un control del cien por ciento.

La siguiente fase es la extinción total del fuego mediante labores de liquidación, tarea que mantienen permanentemente las brigadas que trabajan desde su comienzo el pasado 11 de abril. Hasta el momento se tiene un avance del 95 por ciento.

El incendio comenzó en el predio particular Rosahuachi en el municipio de Ocampo y se extendió a los ejidos de Tomochi, Pueblo Viejo, Sehuerachi y Gasachi en las inmediaciones de Guerrero y Temósachic.

Se han realizado acciones para el combate directo e indirecto de las llamas, con la elaboración de brechas cortafuego y manejo mecánico de material, vigilancia así como liquidación seca y húmeda con herramientas manuales.

En diferentes turnos, combatientes han trabajado arduamente para lograr el control y sofocar las llamas. Han participado las brigadas de la Unidad de Manejo Forestal “Silvicultores Unidos de Occidente”, del programa de Pago por Servicios Ambientales de la CONAFOR, la oficial de CONAFOR, Gobierno del Estado, Protección Civil del Municipio de Guerrero, productores, dueños de terrenos forestales.

Las brigadas oficiales de la CONAFOR no solo están capacitadas para combate y coordinación de este tipo de incidentes sino que además tienen entrenamiento especial en manejo del fuego y experiencia de algunos de elementos que va desde 15 a 20 años.

Cabe señalar que anualmente se hace la capacitación de las brigadas rurales que se conforman entre Gobierno del Estado y CONAFOR, Asociaciones de Productores, ejidos y beneficiarios de Pago por Servicios Ambientales y personal del Protección Civil que sirve de apoyo para el control de los incendios.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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