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México

Aseguran bienes al ex gobernador Roberto Sandoval, uno de ellos ligado al “Canelo”

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La Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval y su familia como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del ex
mandatario por enriquecimiento ilícito.

El primer aseguramiento se realizó en el inmueble donde se ubica la Fundación Ríe, en la colonia El Pedregal de San Juan, en el cual se brindan sesiones de equinoterapia para niños con
capacidades diferentes.

La fundación está a cargo de Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del mandatario, y entre los socios están Saúl El Canelo Álvarez y Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del ex
mandatario, asesinado el 19 de septiembre de 2017, el mismo día en que Roberto Sandoval dejó el cargo.
La finca se rentaba para bodas, celebraciones privadas y eventos partidistas del PRI en Nayarit, y la fundación ha sido señalada como una fachada para presuntamente encubrir la compra de
caballos nos por parte del ex gobernador.

También se aseguró un predio de más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la actual senadora del PRI Margarita Flores Sánchez, y vendido un
año después en 5 millones de pesos a una inmobiliaria de la Ciudad de México, cuyo registro no existe.

Según la escritura pública 3586 —fechada en enero de 2015 y emitida por los notarios 15 y 20 de Tepic—, el 10 de junio de 2014 Flores Sánchez recibió 100 mil pesos en efectivo para pactar la
venta y el 23 de diciembre de ese año la empresa L-Inmo S.A. de C.V. realizó una transferencia bancaria por 4 millones 900 mil pesos a nombre de la senadora.

En el documento se establece que la empresa fue constituida legalmente el 11 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México, 12 días antes de pagar la totalidad del predio, y su único
administrador es Daniel Alberto Murad Millet, quien en varias ocasiones ha aparecido como candidato plurinominal suplente en los listados del Partido Nueva Alianza para el Congreso de la
Unión. Sin embargo, en una consulta realizada por EL UNIVERSAL en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México no se encontró ningún dato de la empresa.  
Además de estas dos propiedades, la Fiscalía aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento Bonaterra de la capital nayarita, cuya propiedad es de Lidy Alejandra
Sandoval, hija del ex mandatario; otra en la colonia Doctor Leyva, de Tepic, y una más en el fraccionamiento Lago David, en el ejido El Armadillo, de la capital nayarita.
Solamente es una medida precautoria. La agente del Ministerio Público que encabezó las diligencias, Luzmila Heredia Verdugo, explicó que el aseguramiento es una medida precautoria por
la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex gobernador desde enero pasado y no signica que los inmuebles estén incautados, sino que sólo se “inmovilizan” para que no haya un cambio de propietario.

En el caso del inmueble en el que se ubica la Fundación Ríe, Heredia Vergugo precisó que sus labores pueden continuar con normalidad, puesto que solamente se da el carácter de depositarios.
La agente ministerial dijo que no están obligados a llamar a declarar al ex gobernador por estos hechos, ya que una vez integrada la investigación y solicitado el proceso en su contra ante el
Poder Judicial, la primera declaración de su parte se podría hacer ante un juez de control.

Con información de El Universal

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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