Opinión

Aserto: Sin ejes de gobierno por Luis Javier Valero Flores

Published

hace 10 años

Abr 30, 2016

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Han iniciado las campañas electorales, al principio del mes las de los candidatos al Gobierno del Estado y al final -el 28- las de los candidatos a los cabildos y el Congreso local.

Lo hacen en uno de los peores momentos para la clase política, marcado por la mayoritaria descalificación ciudadana hacia ella y sus partidos; algo de eso recoge la encuesta realizada por la empresa Confirme, contratada por El Diario, y de la cual damos cuenta en las páginas interiores, además de un análisis de las cifras arrojadas, resultado de las preguntas efectuadas a mil 200 personas.

El hecho de tomarla en cuenta para realizar un análisis del comportamiento electoral deriva del hecho que en las dos elecciones anteriores los resultados de las encuestas efectuadas pocos días antes de la fecha de las elecciones sí han marcado las tendencias que finalmente expresaron los ciudadanos en las urnas.
Las que hoy se publican deberá, como todas, obtener su legitimidad con el resultado de las elecciones, no sin enfatizar en el hecho de que es la fotografía de un momento determinado en el actual proceso electoral.
La competencia electoral, desde el primer día, se ha circunscrito a la rivalidad entre los dos punteros -Javier Corral, del PAN, y Enrique Serrano, de la coalición del PRI, PANAL, PT y Verde Ecologista- y a la expectativa del crecimiento, o no, de las simpatías por el candidato independiente, José Luis Barraza.
En los primeros días, los obuses entre los dos primeros han sido de grueso calibre. En tanto Corral llamó a César Duarte “vulgar ladrón” y al candidato Serrano su subordinado, el dirigente estatal priista, Guillermo Dowell, amenazó con denunciar penalmente, ante la PGR, al candidato blanquiazul por colusión con el crimen organizado, sólo porque éste acusó al jefe de la policía municipal de Bachíniva de ser cómplice del afamado “80”, un jefe de grupos armados en la región del noroeste.

Quizá porque Corral logró colocar en el centro de la discusión pública la detención del gobernador Duarte, de llegar al gobierno, los primeros pronunciamientos de Serrano se han centrado en el combate a la corrupción, de la manera como lo abordaría el candidato de la oposición, partiendo del hecho de que la administración a sustituir hubiese gozado de tal característica y ha mostrado una apresurada tendencia a deslindarse del gobierno anterior, cuando todos los chihuahuenses lo ubican como parte esencial del actual grupo gobernante.

Y es que el deslinde es en las formas, en las declaraciones, realizadas apresuradamente y como respuesta del momento a los cuestionamientos de los medios de comunicación y no como una manera de perfilar, ni su candidatura, ni su posible gobierno, de tal modo que en lugar de convencer de su separación del mandatario logra exactamente lo contrario.
Vistos así los inicios de la campaña, pareciera que el principal candidato de la oposición ha logrado colocar su agenda y ha llevado al resto de los contendientes al terreno planteado por él, incluido el “independiente” Barraza que ya empezó a criticar a quienes “endeudaron irresponsablemente” al estado y a quienes “ante los moches legislativos” nada hicieron, en franca referencia a Gustavo Madero.

Es de tal magnitud el esfuerzo de Corral por colocar a Serrano en la esfera de Duarte y enfatizar en las corruptelas denunciadas, que los esfuerzos del candidato oficialista son de la misma dimensión, para expresar que no forma parte, ya, de aquel equipo que alegre tomaba posesión de sus cargos a principios de octubre del 2010.
Quizá ese vaya a ser el eje de la actual campaña electoral; puede ser, por tanto, en el tema que defina quien ocupará la silla principal de Palacio de Gobierno. De mala manera porque hasta los primeros días de la campaña ninguno de los candidatos había delineado los ejes centrales de su hipotético gobierno.
¿Cuáles serán?

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Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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hace 2 semanas

Mar 17, 2026

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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