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Asesinan a 20 en Veracruz; uno era jefe de Policía Federal

Xalapa.- Una ola de ejecuciones se registraron este sábado en varios municipios de Veracruz, con saldo de 20 muertos, entre ellos el comisionado de la Policía Federal (PF) en el estado, Camilo Castagne Velasco, y dos elementos más de la misma corporación. En Coatzacoalcos, un grupo de personas armadas ultimó a seis integrantes de una familia, incluidos cuatro menores de 11 años.
Según los primeros reportes policiacos, alrededor de las 18 horas del sábado, Castagne Velasco y dos elementos más de la PF arribaron al restaurante de mariscos La Bamba, ubicado en la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua, sobre la carretera Xalapa-Veracruz.
En el sitio fueron sorprendidos por un grupo de personas armadas que irrumpió en el establecimiento y disparó contra los agentes. El cuerpo sin vida de Castagne Velasco quedó entre las sillas y mesas del restaurante. Otro uniformado quedó tendido en la banqueta del negocio.
Un tercer oficial fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la región. No obstante, horas más tarde el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que en ese hecho habían muerto los tres elementos agredidos.
Castagne Velasco, originario del municipio de San Rafael, fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz en junio de 2015, cuando sustituyó en el cargo a Jorge Bravo Flores.
El miércoles 21 de junio, Castagne Velasco participó en una rueda de prensa conjunta con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en donde anunciaron la instauración y el reforzamiento de una estrategia de seguridad para combatir a los líderes de un grupo de la delincuencia organizada.
Un día antes de esta rueda de prensa, integrantes de la delincuencia organizada habían dejado cuerpos desmembrados y una amenaza frente a las oficinas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez Marié.
El grupo criminal reaccionó así a la decisión del gobierno estatal de tender espectaculares con los rostros y nombres de las cabecillas delincuenciales, en los que se ofrece un millón de pesos a cambio de obtener informes sobre su ubicación.
Tres elementos de la Policía Federal fueron emboscados en el restaurante La Bamba, en el municipio de Cardel, Veracruz. Aquí el cuerpo inerte de uno de los uniformados.
Este sábado, un grupo de personas armadas ingresó alrededor de las 18:30 horas del sábado al domicilio ubicado en la colonia Nueva Calzadas, de Coatzacoalcos, Veracruz, y mató a seis integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores.
El atentado ocurrió sobre la calle Emiliano Zapata casi esquina Miguel de la Madrid. Una de las víctimas fue identificada como Clemente Martínez Martínez, de 38 años, y otra como Martha N.
De las imágenes que han circulado del ataque, destaca una donde se observa el cuerpo de la madre, rodeada de los cuerpos de sus hijos, que en los últimos instantes de su vida parecen haberse acercado a ella.
Aunado a estos dos casos, se cometieron otras ejecuciones en los municipios de Misantla, Las Choapas, Cosoleacaque, Oluta, Orizaba, La Antigua, Moloacán y Pánuco.
La noche del sábado, el mandatario y el gabinete de seguridad llegaron al municipio de Cardel para encabezar una reunión de seguridad, donde Yunes Linares dio un mensaje a los veracruzanos en el que recalcó que el crimen organizado ha provocado un grave problema de violencia en Veracruz.
«Son actos cobardes, llenos de vileza, que nos dan una idea de a qué nos estamos enfrentando. No estamos ante seres humanos, nos estamos enfrentando a bestias, a cobardes, a viles, que son capaces de asesinar a niños con tal de tener secuestrados a los veracruzanos, pero no vamos a permitir que la delincuencia organizada mande en Veracruz».
Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2016 a mayo de 2017 se han registrado mil 218 homicidios, de los cuales 413 han sido con arma de fuego.
El mandatario ha referido en reiteradas ocasiones que 70 por ciento de los homicidios dolosos que se cometen en la entidad están vinculados con actividades de la delincuencia organizada.

La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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