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Asesinan a Adán Vez Lira, ambientalista que se oponía a mineras en Veracruz

El ambientalista mexicano Adán Vez Lira fue asesinado a tiros este miércoles en Veracruz, informaron fuentes policiales.

El cuerpo del activista, fuerte opositor a la instalación de mineras a cielo abierto, apareció con impactos de bala en la comunidad de La Mancha del municipio de Actopan.

La víctima es uno de los organizadores del Festival de Las Aves y Humedales, y de la Cabalgata por la Ecología, encuentros de gran prestigio nacional.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones del caso, sin embargo no han emitido posicionamiento oficial.

El crimen generó reacciones y la condena de organizaciones ambientalistas que mantienen acciones legales y civiles para impedir la operación de mineras en las regiones de Alto Lucero y Actopan, zona montañosa del margen del Golfo de México.

De acuerdo con la Subprocuraduria de Medio Ambiente del Gobierno del estado de Veracruz un total de diez mineras cuentan con permisos federales para instalarse en Veracruz.

Hasta ahora las autoridades municipales de Actopan, Alto Lucero, Chiconquiaco, Juchique de Ferrer y Yecuatla están en contra de las instalación de las mineras.

Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron recientemente que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning han causado daños a manantiales y pozos de Actopan y Alto Lucero.

La organización relató que los trabajos de exploración en la zona desviaron el cauce de estos cuerpos de agua.

En diciembre pasado, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno local, María del Rocío Pérez, reconoció que el estado de Veracruz está amenazado por proyectos de minería de empresas extranjeras.

En aquella oportunidad, ante diputados locales, dijo que se trata de “proyectos de muerte” que se quieren instalar cerca de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, entre los municipios de Alto Lucero y Actopan.

“Estas actividades mineras representan un serio peligro de contaminación al suelo, agua y aire de las regiones donde se ubican convirtiéndose en un verdadero problema de salud pública, ya que dentro de sus procesos requieren del uso de grandes cantidades de químicos altamente tóxicos y de explosivos para dinamitar nuestro patrimonio natural”, alertó.

Según la organización Amnistía Internacional, México es uno de los países más peligrosos para defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Hasta septiembre de 2019 había documentado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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