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México

Asesinan a la periodista Norma Sarabia

La periodista mexicana Norma Sarabia fue asesinada el pasado martes a balazos a la entrada de su domicilio en el municipio de Huimanguillo, en el suroriental estado de Tabasco, informaron las autoridades judiciales.

Los reportes señalaron que Sarabia, corresponsal del diario Tabasco Hoy en Huimanguillo, fue agredida por dos sujetos en una motocicleta cuando llegaba a su casa y tras llamarla por su nombre le dispararon en varias ocasiones.

Fueron dos sujetos en una motocicleta, le hablaron por su nombre, ella salió y ahí la mataron, en la puerta de su casa», confirmó a EFE Arturo Gonzáles, secretario del ayuntamiento en Huimanguillo.

Al momento las autoridades estatales no han revelado las posibles causas del ataque a Sarabia ocurrido a las 21:30 horas locales (02:30 GMT), precisaron.

El funcionario dijo que las autoridades investigan si el asesinato tuvo que ver con su actividad profesional o a un acto de venganza relacionado con su vida personal, o a las actividades escolares que desempeñaba como profesora en un centro escolar de esa municipalidad.

La policía municipal de Huimanguillo estableció un cerco en la zona hasta la llegada de las autoridades judiciales del estado para analizar la escena del crimen y levantar el cadáver.

El diario Tabasco Hoy confirmó la muerte de Sarabia en un mensaje en Twitter y su director editorial, Héctor Tapia dijo a EFE que Sarabia expresó varias veces temores por su actividad periodística en la zona de la Chontalpa, una región controlada por el crimen organizado en el trasiego de droga y combustible.

Más de una vez tuve comentarios sobre los temores que tenía por lo difícil que se encontraba la inseguridad en Huimanguillo y de algunas amenazas que había recibido por lo que optamos por dejar de ponerle crédito a sus notas», dijo Tapia Martínez.

El periodista, manifestó que la redacción del Tabasco Hoy, sus compañeros encuentran consternados y con un gran sentimiento de vulnerabilidad.

La Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP), lamentó el asesinato de Sarabia y exigió a las autoridades el esclarecimiento de este hecho.

Con el de Sarabia ya son diez los periodistas mexicanos asesinados desde el comienzo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre.

Durante el pasado sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se cometieron 47 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 9 fueron en 2018, de un total de 2.347 agresiones contra los medios de comunicación.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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