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México

Asesinan a periodista en Chiapas; le quitaron medidas de seguridad, pese a amenazas

La tarde de este viernes 21 de septiembre el periodista Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado por dos hombres armados en el municipio de Yajalón, Chiapas, cuando salía de su casa.

El reportero, quien trabajaba para el diario El Heraldo de Chiapas, recibió impactos de bala en el abdomen, por lo que personal de urgencias médicas lo atendió, pero murió por la gravedad de las lesiones.

“Directivos, reporteros, columnistas, fotógrafos y personal que labora en Heraldo de Chiapas, condenamos enérgicamente la cobarde agresión que sufrió nuestro compañero corresponsal de El Heraldo de Chiapas Mario Gómez en el municipio de Yajalón y por el cual perdió la vida, exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento de estos actos criminales”, publicó el diario tras el asesinato de Mario y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva en el caso.

Compañeros y personas cercanas al periodista confirmaron a Animal Político que Gómez denunció amenazas, por lo que la Fiscalía de Chiapas le puso medidas precautorias. Sin embargo, tiempo después se las retiraron.

“Tenía ocho años trabajando como corresponsal con El Heraldo de Chiapas, donde cubría información general con notas de política, justicia y hechos sociales”, agregó uno de sus compañeros en entrevista con la agencia AFP.

La fiscalía estatal condenó el homicidio y dijo que un grupo especial de agentes ministeriales ya se han trasladado de urgencia al municipio para agilizar las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, Mario Gomez, quien tenía 40 años edad, tenía un hijo de 7 años, por lo que a petición de sus familiares, policías preventivos establecerán un perímetro de seguridad, alrededor del domicilio.

De 2000 a la fecha, la organización en defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ha documentado el asesinato de 118 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 45 se han registrado en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: 11 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.

El asesinato de Mario Gómez es el séptimo en lo que va de 2018. En los meses anteriores fueron asesinados Carlos Domínguez, en Tamaulipas; Pamela Montenegro, en Guerrero; Leobardo Vázquez, en Veracruz; Juan Carlos Huerta, en Tabasco; José Guadalupe Chan, en Quintana Roo y Rubén Pat, también en el estado del sureste.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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