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Asesinaron a influencer: reportaba ejecuciones y abusos policiacos en Tijuana

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Un influencer de Tijuana, Baja California, llamado Mariano Soto fue asesinado a tiros la tarde de este domingo mientras se encontraba circulando en su automóvil. El ataque lo llevaron a cabo personas a bordo de un coche Cadillac gris. Entre los disparos alcanzaron a darle en el pecho a la víctima. Posteriormente se dieron a la fuga.

Soto había denunciado ya, a través de su página Tijuana sin Censura, una serie de ejecuciones y abusos policíacos. En ese programa, este personaje se dedicaba a presentar denuncias ciudadanas en un tono que resultaba entretenido para sus seguidores, por el lenguaje que utilizaba. ‘Le duela a quien le duela’, era uno de sus dichos principales.

Precisamente este domingo, momentos antes de que fuera asesinado, Mariano Soto había hecho responsables, de cualquier cosa que le sucediera, al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Jorge Ayón Monsalve.

Y es que Soto Cortez denunció a estos funcionarios el sábado, un día antes de su homicidio, ante la Fiscalía General de Justicia por un decomiso, que fue no reportado, de 600 kilos de cocaína.

La víctima también detalló que había sido amenazado por los oficiales de la Policía Municipal, Luis Adrián Domínguez Ronquillo, Erasmo García López, Ildefonso Barrera Madrid, así como por el jefe de distrito, Jesús Ernesto Ríos Noriega, quienes, aseguró, le habían hecho advertencias sobre su vida si no eliminaba la información que había publicado respecto a dicho decomiso.

El pasado 9 de septiembre, el influencer había sido atacado ya, de una manera similar en la que se dio su muerte. Se encontraba circulando por la colonia Obrera, en el municipio fronterizo, cuando también le dispararon varias veces, recibiendo tres disparos, uno en el brazo y dos en la espalda.

Entonces, según señalan medios locales, Soto Cortez arribó al Hospital General de Tijuana para pedir atención médica, pero lo mandaron a otra institución por la actual situación de pandemia.

Mario Soto se encontraba en libertad condicional luego de que el 27 de septiembre de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 22 mil 674 pesos, por resultar culpables de delito de extorsión. Se encontraba detenido desde tres meses antes, el 9 de mayo de 2019. Soto se declaró culpable y ofreció disculpas al empresario que fue su víctima.

El influencer reconoció que durante varios meses estuvo solicitando dinero a Arturo Pérez Beher, actual secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, a cambio de no iniciar una campaña de desprestigio en contra de su imagen a través de redes sociales.

En un principio la justicia ordenó que Soto Cortez tendría que pasar encerrado en prisión los días sábado y domingo, mientras que de lunes a viernes estaría en libertad condicional, eso sí, inhabilitado para continuar con sus actividades en redes sociales o cualquier medio de comunicación. Pero, debido a las condiciones generadas tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, fue liberado para cumplir su condena en semilibertad.

Así mismo, medios de Tijuana destacan que, pese a que Mario Soto no era periodista, no era reconocido en ese gremio, sí estaba contemplado en el Mecanismo de Protección del gobierno federal.

Por otro lado, luego de su asesinato, el gobierno de Tijuana se pronunció oficialmente al reprobar el homicidio del blogger. Además el alcalde solicitó a la Fiscalía General de Baja California que se llevara a cabo una investigación “puntual y concreta” de los hechos.

“Es indispensable para la opinión pública tener claridad de lo que ocurrió e informar a la brevedad todos los índices alrededor de este hecho”, señaló el presidente municipal de Tijuana.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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