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México

Asesinaron a influencer: reportaba ejecuciones y abusos policiacos en Tijuana

Un influencer de Tijuana, Baja California, llamado Mariano Soto fue asesinado a tiros la tarde de este domingo mientras se encontraba circulando en su automóvil. El ataque lo llevaron a cabo personas a bordo de un coche Cadillac gris. Entre los disparos alcanzaron a darle en el pecho a la víctima. Posteriormente se dieron a la fuga.

Soto había denunciado ya, a través de su página Tijuana sin Censura, una serie de ejecuciones y abusos policíacos. En ese programa, este personaje se dedicaba a presentar denuncias ciudadanas en un tono que resultaba entretenido para sus seguidores, por el lenguaje que utilizaba. ‘Le duela a quien le duela’, era uno de sus dichos principales.

Precisamente este domingo, momentos antes de que fuera asesinado, Mariano Soto había hecho responsables, de cualquier cosa que le sucediera, al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Jorge Ayón Monsalve.

Y es que Soto Cortez denunció a estos funcionarios el sábado, un día antes de su homicidio, ante la Fiscalía General de Justicia por un decomiso, que fue no reportado, de 600 kilos de cocaína.

La víctima también detalló que había sido amenazado por los oficiales de la Policía Municipal, Luis Adrián Domínguez Ronquillo, Erasmo García López, Ildefonso Barrera Madrid, así como por el jefe de distrito, Jesús Ernesto Ríos Noriega, quienes, aseguró, le habían hecho advertencias sobre su vida si no eliminaba la información que había publicado respecto a dicho decomiso.

El pasado 9 de septiembre, el influencer había sido atacado ya, de una manera similar en la que se dio su muerte. Se encontraba circulando por la colonia Obrera, en el municipio fronterizo, cuando también le dispararon varias veces, recibiendo tres disparos, uno en el brazo y dos en la espalda.

Entonces, según señalan medios locales, Soto Cortez arribó al Hospital General de Tijuana para pedir atención médica, pero lo mandaron a otra institución por la actual situación de pandemia.

Mario Soto se encontraba en libertad condicional luego de que el 27 de septiembre de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 22 mil 674 pesos, por resultar culpables de delito de extorsión. Se encontraba detenido desde tres meses antes, el 9 de mayo de 2019. Soto se declaró culpable y ofreció disculpas al empresario que fue su víctima.

El influencer reconoció que durante varios meses estuvo solicitando dinero a Arturo Pérez Beher, actual secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, a cambio de no iniciar una campaña de desprestigio en contra de su imagen a través de redes sociales.

En un principio la justicia ordenó que Soto Cortez tendría que pasar encerrado en prisión los días sábado y domingo, mientras que de lunes a viernes estaría en libertad condicional, eso sí, inhabilitado para continuar con sus actividades en redes sociales o cualquier medio de comunicación. Pero, debido a las condiciones generadas tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, fue liberado para cumplir su condena en semilibertad.

Así mismo, medios de Tijuana destacan que, pese a que Mario Soto no era periodista, no era reconocido en ese gremio, sí estaba contemplado en el Mecanismo de Protección del gobierno federal.

Por otro lado, luego de su asesinato, el gobierno de Tijuana se pronunció oficialmente al reprobar el homicidio del blogger. Además el alcalde solicitó a la Fiscalía General de Baja California que se llevara a cabo una investigación “puntual y concreta” de los hechos.

“Es indispensable para la opinión pública tener claridad de lo que ocurrió e informar a la brevedad todos los índices alrededor de este hecho”, señaló el presidente municipal de Tijuana.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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