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Policiaca

Asesinato de Jasiel Giovanny: crecen las sospechas de un segundo implicado

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El trágico caso del pequeño Jasiel Giovanny, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío cercano al fraccionamiento San Agustín, sigue generando indignación y dudas. Aunque el padrastro del menor, Abraham Alejandro F.D., ya fue imputado y recluido por el crimen, nuevas versiones han fortalecido la hipótesis de que no actuó solo.

Un elemento clave ha avivado la sospecha de que una segunda persona participó en el asesinato o, al menos, en el ocultamiento del cuerpo: durante la búsqueda inicial del niño desaparecido, voluntarios y policías recorrieron el mismo terreno donde luego fue encontrado sin que detectaran señal alguna. Esto ha llevado a pensar que el cadáver fue colocado allí después, posiblemente por un cómplice.

Mientras la atención mediática ha girado en torno al debate sobre el lugar de reclusión de Abraham Alejandro —quien fue enviado al Cereso Femenil debido a su identidad de género—, la investigación parece haber dejado cabos sueltos que podrían ser cruciales. La Unidad de Personas Ausentes fue fuertemente señalada por presuntas omisiones, aunque otros grupos dentro de la Fiscalía lograron recuperar el caso a tiempo.

En las audiencias judiciales ya se han expuesto antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que refuerza su vinculación al crimen. Sin embargo, tanto familiares como ciudadanos han señalado públicamente que alguien más debió intervenir, sobre todo por el modo en que se dio con el cuerpo: casi 20 horas después de la denuncia, en un lugar previamente inspeccionado.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía ha ofrecido información limitada, justificando la reserva con la protección de los derechos del menor. Pero más allá de la legalidad, la presión social exige resultados claros. El crimen de Jasiel no solo ha conmovido a su entorno inmediato, sino que ha generado un reclamo generalizado de justicia y de transparencia total en el proceso.

Si hay otra persona involucrada, la autoridad deberá actuar sin titubeos. Y si no la hay, la sociedad merece conocer todos los elementos que llevaron a esa conclusión. Por ahora, la herida sigue abierta y la confianza en las instituciones aún está en juego.

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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