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México

Asesino del periodista ‘Gato’ Félix sale de prisión tras 27 años

Tecate, BC. Victoriano Medina, sentenciado por el asesinato del periodista Héctor «Gato» Félix, fue liberado este mediodía de la prisión de El Hongo, tras cumplir una condena de 27 años. Afirmó ser un hombre nuevo, religioso y agradeció a Jorge Hank por el apoyo que recibió a lo largo de su encarcelamiento.

El inculpado lucía el uniforme gris reglamentado de la prisión cuando salió del centro penitenciario. Recorrió unos veinte metros por la calle, que era resguardada por una veintena de agentes antimotines para ser recibido primero por periodistas y después por sus familiares.

Victoriano Medina, de 64 años de edad, habló de manera serena y en ocasiones, cuando se refería a sus familiares, lo hizo con voz entrecortada.

A pregunta expresa sobre su relación con el empresario de Caliente, Jorge Hank, dijo que siempre estuvo al tanto de su estado en las prisiones donde estuvo y por lo tanto está completamente agradecido.

Sobre su culpabilidad en el homicidio del periodista Félix Miranda, Medina negó su participación. Resaltó que no lo hizo y que el juicio estuvo manipulado. «Se trató de otro sistema de gobierno muy distinto al actual», afirmó.

Con su cabello completamente blanco, algunos tatuajes en el cuello, el ex policía ministerial del estado y ex guardia del hipódromo de Agua Caliente, afirmó que ahora está muy viejo como para buscar trabajo en algún lugar. «Tengo varios nietos a los que les dedicaré todo el tiempo».

Con relación a su ex patrón, Antonio Vera Palestina, que mañana viernes también sale del penal del Altiplano, en el estado de México, Victoriano se mostró sorprendido. Dijo que quizá se reunirá con él.

La familia de Medina esperó a bordo de una camioneta negra con el motor encendido para emprender el retiro de manera rápida.

Victoriano Medina fue aprehendido meses después del asesinato -cometido el 20 de abril de 1988- del periodista. A su compadre Antonio Vera Palestina, entonces jefe de vigilantes del hipódromo de Agua Caliente, se le detuvo dos años después en la ciudad de Los Angeles y llevado a Tijuana para someterlo a proceso.

Palestina y Mediana estuvieron recluidos en diversos centros penitenciarios de Baja California, aunque Antonio purgó varios años en Puente Grande, Jalisco y Altiplano en el estado de México.

Antonio Vera Palestina está programado para salir de prisión mañana 1 de mayo del Altiplano después de pugnar una sentencia de 24 años.

Fuente: La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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