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Así castigan a quienes desobedecen las medidas sanitarias en Durango

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Marina Vitela, alcaldesa del municipio de Gómez Palacio, Durango, ordenó que los ciudadanos que no respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y la cuarentena serán obligados a barrer las calles.

Hasta el momento han sido detenidas 31 personas por violar el confinamiento.

La funcionaria compartió imágenes en las que se pueden ver a varios jóvenes portando escobas y cubrebocas, mientras un grupo de policías los vigilan.

“¡A BARRER las calles de Gómez Palacio! Les dije que esto NO es un juego”, se lee en la publicación de Twitter.

De los detenidos, siete pagaron una multa y quedaron libres, ocho eran menores de edad y fueron entregados a sus padres y los 16 restantes fueron remitidos a los separos y posteriormente, se les asignó el trabajo comunitario.

De acuerdo con medios locales y voceros de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, todos los arrestos se realizaron en la colonia 14 de Noviembre durante la noche del martes 28 de abril.

Javier Armando Esparza, titular de la dependencia mencionada, aclaró que en dos ocasiones se pidió a los jóvenes que se fueran a sus domicilios, pero al no hacer caso, se procedió a arrestarlos.

Esta labor estuvo a cargo de la dirección de Servicios Públicos Municipales, misma que los dotó de cubrebocas y caretas para su protección, así como las escobas para desempeñar el trabajo. Fueron supervisados por la Policía Municipal.

Asimismo, tras la declaración nacional de la Fase 3 de la epidemia por COVID-19, la alcaldesa de Gómez Palacio decretó que el acceso y movilidad en el municipio sería restringido a personas procedentes de otras ciudades, estados o países.

“En Coordinación con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policía estatal, reforzamos el control del cruce entre Gómez Palacio y Torreón” se lee en el tuit.

Además, aseguró que ya se avanza con el Centro de Hospedaje y Descanso para el personal médico.

Fuente: Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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