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Así es el negocio del traslado de migrantes; señalan recorridos a costos excesivos

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La migración en México, es un gran negocio para las organizaciones criminales, comerciantes y concesionarios del transporte público o ciudadanos que tienen una motocicleta que ven en cada persona extranjera una mina de oro.

La llegada de miles de personas en contexto de movilidad que cruzan a diario por la frontera sur de Chiapas, más las que ya están establecidas en los últimos meses en Tapachula, provocan un aumento en el uso de transporte público, lo que beneficia a unos pocos.

Incrementos que ninguna autoridad del Gobierno del Estado, autoriza y supervisa, incrementos que se aplican únicamente a los cientos de extranjeros que buscan trasladarse al Centro de Movilidad Migrante, establecido en Juchitán, Oaxaca.

Un equipo de Grupo Imagen, fue testigo del exorbitante costo para el traslado de migrantes sobre la carretera Federal 200, dónde el transporte público se enriquece diariamente con la migración.

Para Vanesa Rodríguez, migrante de Venezuela, el costo de cabeza por los nueve integrantes de su familia, es un gasto excesivo para la poca economía que tienen en este momento.

Qué el gobierno mexicano que por favor colabore con lo del transporte, son unos abusadores, o sea si ellos están haciendo su trabajo, pero la idea, es cómo nos ven todos aquí desesperados, cómo estamos ahorita aquí desesperados, por salir entonces, por ahí hay un poco 150 para todos, es más 200, 200 por cabeza y la gente anda con el sol tremendo, los niñitos con diarrea, uno maluco y vámonos allá hasta dónde nos llega la plata y montemos en eso”.

Para nadie es un secreto que un recorrido de 15 kilómetros para conectar un municipio a otro, es de 30 pesos para los tapachultecos; para los migrantes, puede oscilar entre los 150 a 300 pesos por el mismo recorrido.

Terminando este recorrido, los pasajeros son bajados en determinados puntos sobre la carretera Federal 200, donde otros vehículos o motocicletas los esperan para un recorrido similar.

A decir de Dinna Rivera, migrante Venezuela uno de los viajes más caros que ha pagado en su vida, es el traslado de Tapachula a Juchitán, Oaxaca

Desde Tapachula tuve que pagar 3 mil pesos para poder llegar, porque agarramos un carro que cobra 150, pero nos avanza 10 minutos y le decimos señor que pasemos el retén, usted nos puede esperar; no, no, no porqué ese es otro negocio con otras personas qué ya sólo ellos manejan, cada uno tiene un negocio de 200 pesos, cuándo lo no lo mismo nativos de acá de México, nos dicen porque pagan tanto, si solo pagamos 30 pesos, 25 pesos, pero cómo somos emigrantes que podemos hacer”.

Las ganancias de los concesionarios del transporte público dependen de la capacidad de su unidad, la mayoría son para 18 personas que por cada viaje llegan a obtener 36 mil pesos por día, sin invertir mucho en su unidad.

Transporte público que pasa por los 16 centros de inspección de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración que se encuentran a lo largo de la carretera Federal 200 que conecta a Tapachula con Juchitán Oaxaca, sin ser revisados.

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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