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Así es la aprobación de López Obrador a días de su informe

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conserva una elevada aprobación del 53.6% a seis días de entregar al Congreso mexicano el informe de su segundo año de Gobierno, marcado por la crisis sanitaria y económica, de acuerdo a una encuesta publicada este miércoles.

Según el sondeo del periódico El Universal, el 35.8% de la población desaprueba al mandatario del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el 9.4% ni lo aprueba ni lo desaprueba y el 1.2% no lo sabe.

Asimismo, más de la mitad de la población, el 52.4%, considera que ha demostrado en sus casi dos años de Gobierno capacidad para resolver los problemas del país, mientras que el 46.3% opina lo contrario y el 1.3% no lo sabe.

El 48.6% aplaude la forma cómo el mandatario está combatiendo la corrupción, su principal promesa electoral, mientras que el 44.9% lo desaprueba, el 5.2% no se posiciona y el 1.3% no lo sabe.

El manejo de la relación con Estados Unidos tras el encuentro de López Obrador con Donald Trump el mes pasado en la Casa Blanca también recibe un sustancial apoyo del 47%, mientras que el 40.5% lo desaprueba, el 7.9% no se posiciona y el 4.6% no lo sabe.

En cambio, la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, que acumula 568,621 contagios y 61,450 defunciones en el país, solo recibe el apoyo del 41.2%, mientras que el 48.8% se opone, el 8.8% no se posiciona y el 1.2% no lo sabe.

A pesar de la captura a principios de mes del líder del poderoso Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro, solo el 36.1% aprueba el combate de López Obrador al crimen organizado, el 57.1% lo desaprueba, el 5.6% no se posiciona y el 1.2% no lo sabe.

Mientras que la gestión de la economía, que en el segundo trimestre sufrió una caída del 18.7% y la destrucción de un millón de empleos, tiene la aprobación del 34.3% y una desaprobación del 53.9%, mientras que el 7.4% no se posiciona y el 4.4% no los sabe.

La encuesta fue realizada de forma telefónica a 1,300 personas entre el 14 y el 22 de agosto con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.5%.

Como dicta la ley, López Obrador, presidente desde diciembre de 2018, presentará el próximo 1 de septiembre su segundo informe de Gobierno ante el Congreso mexicano.

El mandatario, que arrasó en las elecciones con el 53% de los votos, inició su mandato con una enorme popularidad cercana al 80%, la cual ha ido mermando por la violencia en el país y la pandemia, aunque todavía se sitúa en niveles altos de entre el 50% y el 60%.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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