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Así pueden ser atendidos los No Derechohabientes en el IMSS por Coronavirus

Ante la cercanía del pico de contagios por coronavirus (COVID-19) en México, las cual se prevé que sea entre el 6 y 10 de mayo, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó qué tienen que hacer las personas no derechohabientes para ser atendidas.

Durante la conferencia de prensa sobre la pandemia realizada este viernes en Palacio Nacional, el funcionario presentó el Modelo de atención IMSS Solidario para pacientes COVID-19, el cual tiene el propósito de brindar atención de manera oportuna y ordenada a personas con síntomas, para canalizarlos a hospitales con camas y ventiladores disponibles.

En dicho modelo se tratan tres posibles escenarios, en el cual el IMSS se coordinará a través de Locatel 55 5658 1111 y en el número de emergencia 911, donde atendienden más de 150 médicos.

Primer escenario

El paciente se encuentra en su domicilio, solo o acompañado. Si tiene síntomas relacionados deberá marcar al 911 o a Locatel (55 5658 1111). Ahí, un doctor hará una evaluación telefónica. Si el médico dice que requiere atención hospitalaria, enviarán una ambulancia a su domicilio que lo trasladará a una clínica del IMSS.

“Cuando la ambulancia llega a su casa y recibe al paciente, ya sabe a qué hospital debe de ir, porque ya sabe que ese hospital tiene disponibilidad de camas”, explicó.

Segundo escenario

El paciente ya está en un hospital, pero no lo pueden recibir porque está saturado. Entonces el hospital marca a la línea de atención y le envían una ambulancia para trasladar al paciente a otra unidad con capacidad de atención.

Tercer escenario

En caso de que el paciente se sienta mal en la vía pública, es el mismo procedimiento. Deberá marcar al 911 o a Locatel para la evaluación telefónica y, si es necesario, enviarán una ambulancia para su traslado a la clínica más cercana.

“Es un proceso que se construye con enormes esfuerzos y tiene que irse perfeccionando, pero estos son los escenarios a los que queremos llegar. Este es un ejercicio que se va a tener que estar haciendo de manera permanente”, enfatizó.

El director del IMSS mencionó que se llegó a un punto en donde el sistema de salud de nuestro país enfrenta una realidad muy diferente al resto del mundo, pues en la Ciudad de México hay al menos siete sistemas de salud con sus respectivos modelos de aseguramiento, ingreso, alta y costos, lo que significa una fragmentación del sistema de salud pública.

Destacó que atender a población no derechohabiente en una situación de emergencia sanitaria no es un tema de obligación legal, sino que “es lo correcto, lo dice la Constitución, lo dice el juramento que hicieron todos aquellos que dedican su vida a salvar la vida de los demás”.

Por otra parte, ante el cuestionamiento sobre la investigación publicada este viernes por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en donde se señala que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a la empresa del hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, con un precio muy superior al mercado, Robledo declaró los representantes del instituto en los estados son quienes buscan en el ámbito local la proveduría de los servicios e insumos que requieren.

La doctora Claudia Díaz, que es la representante nuestra en Hidalgo, estableció tres criterios para decidir, la oportunidad, la entrega inmediata eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador, cual puede entregarse de manera inmediata

Un segundo factor que llevó a realizar la compra de esos ventiladores, dijo, fue el modelo: “no todos son iguales, hay algunos que se usan en el seguro social y los conocemos, otros son más novedosos, el otro era disponibilidad de piezas, en este caso eran 20 ventiladores y en función de eso determinaba mucho”.

Zoé Robledo destacó que la doctora Díaz lleva 22 años trabajando en el Seguro Social: “es pediatra y es una persona de primera intachable en toda su trayectoria”.

Por ello, la funcionaria ofrecerá una conferencia de prensa este sábado 2 de mayo para aclarar la situación, ya que “la clave ahora es la transparencia para salvar vidas”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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