La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.
El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.
Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.
Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.
La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.
El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.
Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.
Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.
La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.
Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.
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