Greg Capers, alguacil del condado de San Jacinto, informó sobre la detención de Francisco Oropesa, mexicano señalado por el asesinato de cinco personas hondureñas en Texas, Estados Unidos.
El día de ayer (martes) durante una conferencia de prensa, Capers dio a conocer que Oropesa fue detenido en una casa de la ciudad del condado de Montgomery, “en el clóset, debajo de la ropa”, y a 50 kilómetros de la escena del crimen.
Es un cobarde”, dijo Capers sobre Oropesa.
FBI fue informado sobre paradero de Oropesa
De acuerdo con El Universal, el Buró Federal de Investigación (FBI) fue alertado sobre la zona en la que podría estar escondido Oropesa, motivo por el que revisó “casa por casa”.
En esta búsqueda participaron más de 200 agentes desde el viernes pasado cuando Oropesa presuntamente asesinó a sus vecinos, entre ellos un niño de 9 años, luego de que estos le reclamaran por estar disparando un rifle AR-15 y no dejar dormir a un bebé.
Oropesa, de 38 años, y quien habría ingresado a Estados Unidos ilegalmente, utilizó dicho rifle para quitarle la vida a sus vecinos.
“Tengo buenas noticias, el sospechoso está bajo custodia”, dijo Capers,
La detención del mexicano se llevó a cabo alrededor de las 18:45 horas, mientras que la recompensa de 80 mil dólares que se ofreció a quien diera información que ayudara a la captura del atacante, será entregada al informante.
Francisco Oropesa tenía antecedentes de violencia
Las autoridades detallaron que Oropesa se escondió en la casa de unos familiares, quienes fueron interrogados la noche de ayer.
Todd Dillon, fiscal de distrito del condado de San Jacinto, informó que Oropesa tiene antecedentes por violencia doméstica, pues en junio pasado supuestamente agredió a su esposa.
La mujer habría llamado a la Oficina del Sheriff del Condado de San Jacinto para denunciar que su esposo estaba borracho y la agredió físicamente, declaró Dillon.
Según los registros, la esposa de Oropesadijo que fue golpeada en el trasero, la cara y la boca, además de que el mexicano rompió la puerta fuera de su casa antes de irse. Sin embargo, se negó a recibir atención médica y decidió no presentar cargos contra él, solo pidió una orden de protección, dijo Dillon.
Cabe mencionar que la mujer colaboró con la policía en la búsqueda de Oropesa, quien ahora enfrenta cinco cargos por asesinato, y a quien se le fijó una fianza de 5 millones de dólares.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.