Greg Capers, alguacil del condado de San Jacinto, informó sobre la detención de Francisco Oropesa, mexicano señalado por el asesinato de cinco personas hondureñas en Texas, Estados Unidos.
El día de ayer (martes) durante una conferencia de prensa, Capers dio a conocer que Oropesa fue detenido en una casa de la ciudad del condado de Montgomery, “en el clóset, debajo de la ropa”, y a 50 kilómetros de la escena del crimen.
Es un cobarde”, dijo Capers sobre Oropesa.
FBI fue informado sobre paradero de Oropesa
De acuerdo con El Universal, el Buró Federal de Investigación (FBI) fue alertado sobre la zona en la que podría estar escondido Oropesa, motivo por el que revisó “casa por casa”.
En esta búsqueda participaron más de 200 agentes desde el viernes pasado cuando Oropesa presuntamente asesinó a sus vecinos, entre ellos un niño de 9 años, luego de que estos le reclamaran por estar disparando un rifle AR-15 y no dejar dormir a un bebé.
Oropesa, de 38 años, y quien habría ingresado a Estados Unidos ilegalmente, utilizó dicho rifle para quitarle la vida a sus vecinos.
“Tengo buenas noticias, el sospechoso está bajo custodia”, dijo Capers,
La detención del mexicano se llevó a cabo alrededor de las 18:45 horas, mientras que la recompensa de 80 mil dólares que se ofreció a quien diera información que ayudara a la captura del atacante, será entregada al informante.
Francisco Oropesa tenía antecedentes de violencia
Las autoridades detallaron que Oropesa se escondió en la casa de unos familiares, quienes fueron interrogados la noche de ayer.
Todd Dillon, fiscal de distrito del condado de San Jacinto, informó que Oropesa tiene antecedentes por violencia doméstica, pues en junio pasado supuestamente agredió a su esposa.
La mujer habría llamado a la Oficina del Sheriff del Condado de San Jacinto para denunciar que su esposo estaba borracho y la agredió físicamente, declaró Dillon.
Según los registros, la esposa de Oropesadijo que fue golpeada en el trasero, la cara y la boca, además de que el mexicano rompió la puerta fuera de su casa antes de irse. Sin embargo, se negó a recibir atención médica y decidió no presentar cargos contra él, solo pidió una orden de protección, dijo Dillon.
Cabe mencionar que la mujer colaboró con la policía en la búsqueda de Oropesa, quien ahora enfrenta cinco cargos por asesinato, y a quien se le fijó una fianza de 5 millones de dólares.
La tensión entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto crítico luego de que medios estadounidenses revelaran que el gobierno de Donald Trump se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela, como parte de una operación para debilitar al régimen de Nicolás Maduro y desmantelar las redes del narcotráfico controladas por el llamado Cártel de los Soles.
De acuerdo con reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal, los ataques aéreos podrían iniciarse “en cuestión de días o incluso horas”. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que el plan contempla golpear puertos, aeropuertos y bases militares supuestamente utilizados para el tráfico de drogas.
Los funcionarios citados aseguran que la ofensiva busca forzar la salida de Maduro del poder y cortar las fuentes financieras del narcotráfico venezolano. “El tiempo de Maduro se está agotando”, afirmó una fuente consultada por el Herald, al señalar que “más de un general estaría dispuesto a entregarlo”.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya está en marcha. El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, se dirige hacia las costas venezolanas acompañado por destructores, un submarino, aeronaves F-35B y aviones de patrulla P-8. Según el Pentágono, esta es la mayor movilización naval en la región desde la invasión de Panamá en 1989.
Washington ha justificado la operación bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional, tras dos meses de ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que, de acuerdo con cifras oficiales, han dejado 61 muertos y tres sobrevivientes. “Estamos librando una guerra como nunca antes contra los cárteles, y la estamos ganando”, declaró Trump ante tropas estadounidenses en Japón.
La ofensiva ha provocado fuertes críticas internacionales. La ONU acusó al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional y denunció que los ataques marítimos recientes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, expresó el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.
En medio del despliegue militar, la tensión diplomática aumenta mientras la comunidad internacional observa con cautela una posible intervención directa. De concretarse los bombardeos, la operación marcaría un giro histórico en la política estadounidense hacia América Latina y abriría un nuevo capítulo de confrontación entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.
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