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México

Asiática irá 15 años a prisión por explotar laboralmente a hija adoptiva en la CDMX

Las pruebas aportadas por la Procuraduría General de Justicia capitalina fueron contundentes para que el Juez 69 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, dictara sentencia condenatoria de 15 años, tres meses de cárcel, contra una mujer de origen asiático que durante más de cuatro años explotó laboralmente a su hija adoptiva.
El juzgador también le impuso a la extranjera una multa de 358 mil 979 pesos, así como el pago de 122 mil 461 pesos por concepto de indemnización por cuanto hacen al trabajo realizado de manera forzada.
En un comunicado se detalló que en su resolución el impartidor de justicia ordenó, además que la afectada reciba alojamiento adecuado en un refugio donde tendrá acceso a educación, capacitación, atención médica y oportunidades de empleo.
De acuerdo con la causa penal 119/2016, la víctima, de 18 años de edad, huérfana de padre y madre, llegó a la Ciudad de México, procedente de China, para trabajar en el restaurante de la imputada, ubicado en la calle Cuauhtémoc, colonia San Pedro, delegación Xochimilco.
La denunciante reveló que durante cuatro años y medio, la mujer la obligó a realizar jornadas laborales de hasta 19 horas diarias. Durante ese tiempo cocinaba, hacía limpieza y atendía a los comensales sin recibir pago.
En su declaración la ofendida refirió que era maltratada de forma continua y la agresora le pegaba con las cazuelas que utilizaban para cocinar, los machetes o cuchillos del lado sin filo y hasta llegó a morderla.
En algunas ocasiones, cuando le quedaban cicatrices la mujer la obligaba a usar cubre bocas, a fin de que las heridas no delataran las condiciones en las que vivía.
El 28 de diciembre de 2015, tras recibir nuevamente abusos y golpes, la joven logró salir del comercio en el que era explotada y pidió ayuda a policías preventivos que se encontraban cerca del lugar. En ese momento, la madre adoptiva aprovechó para huir.
Una vez que fue debidamente integrada la averiguación previa correspondiente, el Juez Penal giró orden de aprehensión contra la asiática, la cual fue cumplimentada el 20 de septiembre de 2016, cuando la mujer regresó al restaurante.
El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto.
La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de continuar el combate de este ilícito que afecta la dignidad y derechos humanos, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones.
Asimismo, exhorta a la ciudadanía que sea o haya sido víctima, lo denuncie en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas.

NoticierosTelevisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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