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México

Aspirante al PRI Tamaulipas ligado a red de corrupción; Lo apadrina ex Gobernador

Sergio Guajardo Maldo­nado, ha renunciado a su puesto de delegado de la SEDATU en el Estado de Tamaulipas buscando ser presidente del PRI en la entidad, por lo que varios priístas tamaulipecos han mostrado su rechazo e incluso solicitado tanto a la FEPADE como a la misma Secretaría de la Función Pública que sea investigado por actos de corrupción.

Mientras que su más fuerte oponente Óscar Luebbert es apoyado por la mayoría de los sectores y consejeros del PRI, el ex Gobernador Egidio Torre Cantú busca imponer a Guajardo a como de lugar, denuncian.

Otro aspirante a la dirigencia Es­tatal del PRI Luis Enrique Arreola Vidal, solicitó a la Fepade y la Secretaría de la Función Pública, investigar a Sergio Guajardo Maldo­nado por llevar a cabo el trabajo político para dirigir al partido posiblementecon recursos públicos de la SE­DATU.

Destacó que el delegado federal desafortunadamen­te obedece las órdenes de Egidio Torre Cantú y com­pañía, quienes quieren con­tinuar con esa vieja mística de labor en el PRI, en la que se violentan leyes sin im­portarles tiempos ni recur­sos debido a que lo único que importa es el poder.

Reconoció que los con­sejeros de los sectores no están apoyando a Sergio Guajardo, quien es parte de ese grupo político que dejó al estado en ruinas, así como otras administracio­nes más.

“Creo que como militancia voy a presentar una deman­da y por oficio deben las ins­tituciones hacerlo, buscar investigarlos y ponerles la sanción correspondiente, el detalle es que Guajardo es el candidato de Egidio To­rre y está haciendo todo por tratar de llevarlo a dirigir el partido, que sería el poder por el poder, no por una cau­sa como lo estamos hacien­do nosotros”, resaltó.

Expuso que prueba de ello es que a ningún diputado local del PRI le importó las condiciones que se encuen­tran padeciendo las familias despedidas, luego de soste­ner que ellos traen las bases sociales que hoy dependen del PRI aun cuando la situa­ción en ese partido se ve ca­rente desde sus bases.

“El caso de Óscar Lueb­bert es diferente porque es una persona que ha estado por muchos años, ha lucha­do a contra corriente y no ha podido ascender al po­der, fue senador en el 2000 y creemos que esas personas aportan mucho al partido, mientras que Sergio Gua­jardo solo obedece a otros interés y lo peor del caso que continua violando la ley como lo señalé”, manifestó Arreola Vidal.

Guajardo: Negocios en la SEDATU y protección a terratenientes.

El pasado 25 de Febereo del 2016 un centenar de campesinos se manifestaron en las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano, (Sedatu), acusaron de corrupto al delegado federal Sergio Guajardo Maldonado.

El líder del dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Mario Reyes Cantú, explicó que el funcionario federal protege a la familia de León Aragón, quienes poseen más de 20 mil hectáreas en el municipio de Aldama.

“Los Aragón tienen más de 20 mil hectáreas en Aldama, evidentemente los hace ser poderosos, en cuanto al medio rural se refiere, y eso nos hace suponer a la CCC y a los campesinos solicitante que tienen la protección del delegado de Tamaulipas (Sergio Guajardo)”, expresó.

Dijo que con mil hectáreas se beneficiarían a 44 familias del Ejido Los Olmos, municipio de Aldama, ya que habían solicitado regular su situación desde 1989, y, aunque desde hace 4 años, se le ordenó al delegado de SEDATU regularizar esta situación, no lo ha hecho.

Precisó que el Tribunal Agrario ordenó que se realizaran los trabajos de integración del expediente agrario del caso, para que posteriormente se turne al tribunal superior, por lo que el delegado Sergio Guajardo está cometiendo un desacato a la máxima autoridad que es el tribunal.

“Los conflictos agrarios que tenemos en Tamaulipas no se atienden, en Aldama en Los Olmos se trata de ubicar una propiedad, sentimos que el delegado protege a los terratenientes. Denunciamos actos de corrupción y de complicidad de este funcionario”, acusó.

Reyes Cantú explicó que hay 14 conflictos graves que implica la atención inmediata del delegado Sergio Guajardo Maldonado, “el sábado en Los Olmos mandaron un ingeniero clandestino en camioneta privada, no hicieron los trabajos técnicos, levantaron un acta circunstanciada donde según no había condiciones de trabajo, porque según los pobladores estaban armados”.

Comentó que los otros 13 conflictos están sin resolverse en la ciudad de México, desde hace cuatro años, sin que haya avances, “Él (Guajardo) se lavó las manos diciendo que los asuntos estaban en la ciudad de México. Hablamos de Lavaderos, del municipio de Soto la Marina, donde les faltan mil 200 hectáreas, no se ha cumplido, tenemos dos ejidos en Aldama que es la cabecera y otros en San Fernando, entre otros”, concluyó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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