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Resto del mundo

Ataba a su novia a la cama y la prostituía delante de su hijo

El Tribunal Oral Federal de San Juan, Argentina, comenzó a juzgar el pasado martes a Maximiliano Andrés Taborga, de 29 años de edad, acusado de maltratar y prostituir a la que era su pareja, en reiteradas ocasiones delante de su hijo a cambio de dinero y drogas.

Según confirmaron a medios locales fuentes policiales, tras dos meses de convivencia de la pareja comenzaron los maltratos físicos y verbales por parte de Taborga hacia su mujer y su pequeño hijo de 3 años de edad, informa ‘El Nueve.com’.

Al cuarto mes se inició la explotación sexual. La mujer contó que era atada en la cama del dormitorio para que sus amigos (del acusado) o clientes, incluso tres a la vez, pudieran violarla a cambio de dinero o drogas, sin importar que en la misma habitación estuviera el niño, quien también era atado, según indica el periódico ‘Diario de Cuyo’.

El tremendo calvario vivido por la mujer y el niño se extendió unos cuatro meses, hasta que ella un día logró escapar por una ventana de la casa que alquilaban y denunciar todo en la Comisaría de la Mujer.

El acusado fue preso y la chica pasó algunas semanas viviendo con una amiga, hasta que su expareja volvió a buscarla, golpearla e incluso amenazarla con matar a su hijo.

Ante tal situación, la mujer decidió mudarse a Mendoza, aunque al tiempo volvió a repetirse la situación: golpes, violencia y amenazas. De Mendoza, la víctima huyó a Córdoba y volvió a denunciarlo en un Juzgado Federal, según informa ‘El Nueve’.

Pese a toda la situación, Taborga se negó a declarar el martes, aunque cuando fue detenido en Buenos Aires aseguró que todas las acusaciones en su contra «son mentira».

En caso de que se confirme la versión de la mujer, Taborga se enfrentaría a varios delitos castigados con penas de entre ocho y 30 años de cárcel.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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