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Ataba a su novia a la cama y la prostituía delante de su hijo

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El Tribunal Oral Federal de San Juan, Argentina, comenzó a juzgar el pasado martes a Maximiliano Andrés Taborga, de 29 años de edad, acusado de maltratar y prostituir a la que era su pareja, en reiteradas ocasiones delante de su hijo a cambio de dinero y drogas.

Según confirmaron a medios locales fuentes policiales, tras dos meses de convivencia de la pareja comenzaron los maltratos físicos y verbales por parte de Taborga hacia su mujer y su pequeño hijo de 3 años de edad, informa ‘El Nueve.com’.

Al cuarto mes se inició la explotación sexual. La mujer contó que era atada en la cama del dormitorio para que sus amigos (del acusado) o clientes, incluso tres a la vez, pudieran violarla a cambio de dinero o drogas, sin importar que en la misma habitación estuviera el niño, quien también era atado, según indica el periódico ‘Diario de Cuyo’.

El tremendo calvario vivido por la mujer y el niño se extendió unos cuatro meses, hasta que ella un día logró escapar por una ventana de la casa que alquilaban y denunciar todo en la Comisaría de la Mujer.

El acusado fue preso y la chica pasó algunas semanas viviendo con una amiga, hasta que su expareja volvió a buscarla, golpearla e incluso amenazarla con matar a su hijo.

Ante tal situación, la mujer decidió mudarse a Mendoza, aunque al tiempo volvió a repetirse la situación: golpes, violencia y amenazas. De Mendoza, la víctima huyó a Córdoba y volvió a denunciarlo en un Juzgado Federal, según informa ‘El Nueve’.

Pese a toda la situación, Taborga se negó a declarar el martes, aunque cuando fue detenido en Buenos Aires aseguró que todas las acusaciones en su contra «son mentira».

En caso de que se confirme la versión de la mujer, Taborga se enfrentaría a varios delitos castigados con penas de entre ocho y 30 años de cárcel.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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