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México

Atacan a balazos a candidata de Morena a Alcaldesa; la salvan policías

Sujetos con armas largas intentaron atacar a balazos Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” para la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo.

El hecho ocurrió el día de ayer 4 de mayo cuando la candidata de la alianza partidista conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Auténtico Social (MAS) realizaba un evento político al norte del estado.

La candidata, quien fue elegida para sustituir a su esposo, el exfuncionario municipal Ignacio Sánchez Cordero, asesinado hace dos meses, tenía programada una caminata en la cabecera municipal la tarde de ayer. En las actividades de Tziu Muñoz la acompañaban algunos policías municipales como parte de la seguridad.

Sin embargo, una camioneta blanca con tres sujetos a bordo se acercaron a los automóviles con escoltas de la candidata y los amenazaron para que los dejaran llegar hasta donde se encontraba la misma.

Fue en ese momento cuando se inició una persecución y balacera entre los agresores y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo.

El enfrentamiento entre policías y civiles armados se convirtió en una persecución vehicular que se prolongó por la Ruta de los Cenotes y terminó a la altura de la Colonia 23 de enero. El hecho quedó captado en videos que rápidamente fueron difundidos en redes sociales.

Los hombres decidieron abandonar el vehículo en el que se transportaban, camioneta blanca tipo Mazda sin placas, y las armas que portaban para intentar huir con dirección hacia un monte cercano.

Según medios locales, en el enfrentamiento contra los criminales también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN).

A pesar de que los oficiales persiguieron a los sujetos por diferentes pastizales y terrenos baldíos, hasta el momento no se han reportado detenidos.

Las autoridades dieron a conocer que además de la camioneta, se aseguraron una pistola R15, una pistola Glock 9 milímetros, un arma larga conocida como “cuerno de chivo” y varios cargadores de armas de fuego.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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