La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado parcialmente la reforma electoral aprobada en Chihuahua, ordenando al Congreso del Estado que incluya explícitamente la nulidad de elecciones en caso de injerencia extranjera que afecte los resultados electorales. Esta decisión se deriva de las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, presentadas por legisladores locales, el partido Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La resolución de la Corte elimina disposiciones locales que permitían sancionar o invalidar procesos electorales por actos relacionados con grupos criminales, así como las infracciones impuestas a candidaturas o partidos que se beneficiaran de tales conductas. Esta decisión se produce en un contexto en el que la gobernadora Maru Campos había solicitado a la Corte que mantuviera vigente la reforma, argumentando que era un mecanismo para proteger las elecciones de la intervención del crimen organizado.

El Pleno de la SCJN también determinó que el Congreso de Chihuahua debe armonizar su legislación con la reforma al artículo 41 de la Constitución federal, que establece la nulidad electoral por intervención extranjera, una modificación que fue publicada en 2026. Esta reforma federal permite invalidar elecciones si se comprueba que hubo actos de injerencia extranjera que influyeron en los resultados.

El proyecto discutido por la Corte identificó una omisión en la legislación electoral de Chihuahua al no incluir esta causal de nulidad, lo que representa un revés parcial para el paquete de reformas aprobado por el Congreso estatal. El alcance exacto de las disposiciones invalidadas se revisará en la versión definitiva de la sentencia, que será publicada oficialmente por la SCJN.

Otro aspecto abordado en la resolución se refiere a las facultades interpretativas de las autoridades electorales locales. La reforma estatal había impuesto restricciones a estas capacidades, un tema que también fue analizado por el máximo tribunal.

Las modificaciones fueron aprobadas por el Congreso de Chihuahua en junio de 2026 y publicadas el 30 de ese mes, generando controversia política entre el Gobierno estatal, legisladores de Morena y otros actores sobre el alcance constitucional de las medidas para prevenir la intervención criminal en los comicios. Ahora, el Congreso local deberá ajustar su marco electoral conforme a lo resuelto por la Corte, especialmente en lo relacionado con la nulidad por injerencia extranjera, antes de que inicie el proceso electoral de Chihuahua rumbo a 2027.