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Atenderán 8 mil 200 servidores públicos el operativo “Semana Santa Segura 2018”

Con la finalidad de prevenir accidentes durante la temporada de vacaciones, la Fiscalía General del Estado se sumó a la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, en el operativo de “Semana Santa Segura 2018”.

Las acciones conjuntas a emprender constan de vigilancia, inspección e información por parte de más de 8 mil 200 participantes en 54 puntos turísticos de la entidad, para que los visitantes y paseantes en general tengan una estancia agradable en los centros recreativos como balnearios, cuerpos de agua y los diversos puntos de encuentro donde las familias disfrutan.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) recibe y atiende las llamadas de emergencia al 9-1-1, además de ofrecer cobertura estatal con 10 subcentros interconectados, donde se encuentran también físicamente integrantes de las instituciones de seguridad para el despacho de unidades.

Del 24 de marzo al 8 de abril, se espera la visita de familias y turistas que aprovechan el asueto para vacacionar en los sitios de interés, por lo que se intensifica la vigilancia en los 9 principales tramos carreteros del estado y la coordinación entre los tres niveles de gobierno a través de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil.
Se invita a la población a seguir las recomendaciones emitidas por el área de Protección Civil, y en caso de una emergencia, marcar al 9-1-1, ya que el servicio que es gratuito desde cualquier teléfono móvil, fijo y público durante las 24 horas de los 365 días del año.

De igual forma, se sugiere utilizar esta línea de emergencia de manera responsable para optimizar la atención y rescate que busca salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonial de los visitantes y la sociedad chihuahuense.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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