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Atentado contra abogado, que se investigue si fue crimen de estado: PAN

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«Ahora y después de la conclusión de su período de gobierno, vamos a exigirle al gobernador de Chihuahua César Duarte que rinda cuentas por la descomposición del estado en materia de seguridad pública y por el incumplimiento de su responsabilidad constitucional de garantizar seguridad y paz a los chihuahuenses hasta el último minuto de su gobierno», dijo Mario Vázquez Robles.

El dirigente estatal del PAN precisó que el todavía mandatario estatal, Duarte Jáquez, ha claudicado en el combate a la delincuencia organizada y desorganizada que impunemente azota a toda la entidad con delitos de alto impacto, lo que nos hace sospechar que exista una serie de acuerdos ilegítimos no cumplidos que terminaron por reactivar una violencia contenida mediante formas poco claras.

«No se puede explicar de otra forma que solo hasta antes de las elecciones, el estado pudiera parecer que estaba en paz y precisamente cuando el crimen se da cuenta que el PRI gobierno perdió el poder, nuevamente se reactiven los hechos violentos tal o peor que como estaban hasta antes del 2010».

Agregó que los chihuahuenses exigen una explicación muy amplia sobre la serie de crímenes que se desataron justo después de saberse que el PRI ya no gobernaría Chihuahua y saber hasta qué grado es responsable de ello el ejecutivo estatal, «pues incluso los recientes hechos violentos en la capital tienen un enorme tufo a crimen de estado, como el caso del abogado defensor de custodios del penal que fue agredido en días pasados y quien recientemente había participado en fuertes protestas en contra del gobierno».

Puntualizó que el PAN no va a parar hasta que se investigue y se castiguen con severidad todos estos hechos violentos que han lastimado a muchas familias chihuahuenses y habrá de exigir, incluso más allá de este sexenio, que se deslinden posibles responsabilidades que el gobernador saliente pueda tener en todo esto que solo significa una grave descomposición del estado de derecho.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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