Ya son más de dos años de ocurrida la tragedia del Extremo Aeroshow 2013, en el que murieron nueve personas y cerca de un centenar resultaron heridas, sin que hasta la fecha haya justicia para las víctimas ni la menor intención de alcanzarla, pues el caso se ha revolcado en intereses políticos y ayer se dio un capítulo más de esta cochina telenovela de traición y desencuentro, con la audiencia a la que acudieron el ex alcalde Marco Adán Quezada y sus ex colaboradores.

La chirinola duró más de 5 horas, encabezada por el juez Alejandro Flores Legarda, en la Sala 5 de juicios orales, quien tuvo en frente al  ex alcalde, al ex secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez; al ex tesorero, Idelfonso Sepúlveda, al ex director de Desarrollo Empresarial, Alfonso Prieto; al ex oficial mayor, Horacio Flores Chávez, y quien fuera presidente de la comisión de Hacienda del Cabildo, el exregidor Juan Manuel Fuentecillas.

El asunto tratado no fue la muerte de los expectadores ni nada relacionado con las víctimas, pues las causas penales son estrictamente personales, así que le están buscando por el lado administrativo, cuestionando por qué se otorgaron contratos por más de 17 millones de pesos a la asociación civil salida de la nada “Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua”, sin la licitación correspondiente, una práctica muy dudosa, pero desgraciadamente legal y que han realizado otros alcaldes actuales y pasados sin que nadie los persiga.

Los acusados fueron tranquilos. No se les va a hacer a sus detractores verlos tras las rejas pues los seis cuentan con amparos que impiden que sean detenidos, por lo que enfrentarán el procedimiento en su contra en libertad.

No se pierda el próximo capítulo de esta telenovela político-electoral que se llevará a cabo el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, cuando los acusados se presenten en la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá su situación jurídica luego de contar con el testimonio de 13 testigos de cargo, entre ellos el auditor superior del Estado, Jesús Esparza, quien detalló las irregularidades observadas en un informe compartido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no sobre los derechos de las víctimas, sino por las violaciones  a la Ley de Licitaciones y Adquisiciones. Curioso que el auditor Esparza sea tan rígido en sus observaciones a Quezada, pero deje correr las denuncias de corrupción que pesan sobre la administración estatal.

Al que sacaron de la bronca fue al alcalde Javier Garfio Pacheco, a quien Heliodoro Araiza, abogado de Quezada, quería embarrar en el mitote por haber participado en la transición, así como a Raúl Yáñez Bustillos, presidente del patronato de la Feria de Santa Rita, pues también aquí se cedieron recursos millonarios a una Asociación Civil sin licitación de por medio. La petición fue negada ya que estos personajes no tienen vela en el entierro, no en este entierro al menos. Lo más que pudieron hacerle a los seis señalados fue obligarlos a ir a firmar cada 15 días.

Quezada, como ya es su costumbre, mostró un semblante desafiante, respaldado en todo momento por su esposa Lucía, y echándole miradas coquetas a las cámaras pues sabe que puede voltear esta situación y aprovecharla a su favor, para dar la imagen de perseguido político.

Pero volviendo a las demandas por transas, Unión Ciudadana, el movimiento que busca ser una piedrita en el zapato del gobernador César Duarte volvió a sesionar luego de meses de letargo, en un acto encabezado por el senador Javier Corral y el abogado Jaime García Chávez, en el que se busca una ruta a seguir luego de que la iniciativa, exitosa en sus inicios, se desinflara por descuido y falta de rumbo.

Aunque estos personajes ganaron el tirón y encabezan la oposición contra Duarte, se han visto opacados por la que realizan los propios priístas alineados con Marco Quezada, quienes han mostrado más ácido y hasta un extraño mesianismo representado en el ex alcalde, pero sin duda apasionado y decidido, así que les han ido comiendo el mandado.

Corral y García Chávez tienen intereses políticos, sin duda. La popularidad del gobernador está por los suelos y ellos lo saben,  así que quieren llevar agua a su molino. La estrategia de Palacio ha sido patética, pues en vez de respuestas a los señalamientos por enriquecimiento ilícito, peculado y otros delitos, ha mandado porros como ‘El Tigre’, un empleado de Servicios Públicos Municipales quien tiene un pelotón de jóvenes y seccionales del PRI dispuestos a golpear, insultar y amedrentar a cualquier voz disidente, como viles malvivientes, en relevo de la ‘Negra Tomasa’, quien sigue activa pero premiada como administradora de panteones.

También se les vio en eventos como el Grito, donde lleva a hordas de humildes pepenadores a golpear y exponerse a ser golpeados a cambio de conservar su trabajo y ‘apoyos’ oficiales, pero ya se cuenta con una denuncia ante la CNDH.

Con el objetivo de mantener vivos en la memoria de nuestros niños, jóvenes y la comunidad en general, los nombres de personajes y hechos sobresalientes de la Revolución Mexicana, el viernes 20 de noviembre del presente año se llevará a cabo el Desfile Cívico Deportivo Conmemorativo del 105 Aniversario del Inicio de la Revolución.

A nadie le sorprenda verlo en el próximo desfile por el Aniversario de la Revolución, no recogiendo basura, trabajo por el que se supone que le pagan, sino al pendiente de que ningún contingente o grupo indeseable le amargue la fiesta al mandatario, quien espera disfrutar de un baño de pueblo con más de 4 mil participantes, pertenecientes a instituciones educativas, dependencias gubernamentales, clubes deportivos y de servicio, así como a asociaciones civiles, en el que espera lucirse el secretario de Educación Marcelo González Tachiquín.

Pero el gobernador César Duarte ni se inmuta, y hasta tiempo se da para la charra, pues ayer no perdió oportunidad de manejar un vehículo táctico blindado y darle varias vueltas por las instalaciones del C4, el cual está destinado a unidades tácticas de agentes estatales.

Su copiloto fue el fiscal general Jorge González Nicolás, quien pasado mañana deberá rendir cuentas ante el Congreso, luego del secretario general Mario Trevizo; el de Hacienda, Jaime Herrera; e Educación, el de Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, y el de Salud, Pedro Hernández Flores, todos en un formato pensado para que las comparecencias sean efectivas y concisas, y no el teatrito que se ha venido armando año con año con el afán protagónico de los legisladores.

Al que querrán tupir será a Jaime Herrera, secretario de Hacienda, a quien quieren pegarle con el replaqueo, una puñalada a las finanzas de los chihuahuenses, amparada bajo el pretexto de la “seguridad” que nadie se traga, pues el costo de unas matrículas metálicas no es de 1,250 pesos, y el gasto administrativo pues ¿Qué no los funcionarios de Hacienda reciben ya un sueldo por hacer esa chamba?

El que ya no friega es el secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, quien encabezará el Segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, en el que se espera la participación de 8 mil líderes sindicales, académicos, empresarios, estudiantes  y funcionarios gubernamentales para analizar temas como equidad de género, trabajo doméstico, piso social, migración laboral, formalización en el empleo; productividad y trabajo docente, entre otros temas en los que Chihuahua está reprobado, pues si bien es cierto que hay empleo, este es miserable, mal pagado y sin garantías, pues se le ha apostado todo a la maquila que paga tres pesos y luego desecha a los trabajadores, mientras que en el campo la explotación también está a todo lo que da.

Por último, preocupa el traslado del DF a Chihuahua de Jorge Flores Concha, ‘el Torta’, señalado como uno de los reos que encabezó la pugna por el control de las drogas dentro de la cárcel, lo que desató una ola de violencia en Iztapalapa y dejó a un hombre colgado de un puente en esa zona además de diversos narcomensajes.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades capitalinas, se descubrió que Flores Concha, quien está preso por el delito de secuestro, pagaba diversas cantidades de dinero a los celadores del Reclusorio Oriente para que lo tuvieran en una ‘zona segura’, y le permitieran contar con celulares y radios para dirigir desde su celda actividades criminales de alto impacto.