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Resto del mundo

Aumenta violencia contra inmigrantes venezolanos en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil: ONU

La grave crisis humanitaria por la llegada masiva de venezolanos a varios países de América, principalmente a Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, donde se han registrado situaciones violentas y rechazo de sus habitantes, ha llevado a que se tomen medidas como la exigencia de visas y pasaportes.

La ONU, que cifró en 2,3 millones los venezolanos que han dejado su país desde 2014, pidió hoy que se respeten los derechos de esos ciudadanos y que sean tratados con «dignidad» en las naciones de acogida, ya que la mayoría no cuenta con documentos.

Brasil reforzó la seguridad en la frontera con Venezuela después de que este fin de semana un grupo de brasileños atacó campamentos de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Pacaraima.

Según cifras oficiales, unos 50 mil venezolanos han ingresado al país por Pacaraima durante el último año y medio y muchos se han establecido en Boa Vista, capital de Roraima.

Pese a la difícil situación y a la exigencia de los habitantes de Pacaraima de que se cierren las fronteras, el Gobierno descartó hoy esa medida por considerarla «ilegal».

Perú informó de que a partir del 25 de agosto se solicitará el pasaporte a todos los venezolanos que quieran ingresar al país, una medida que calificó como «un tema técnico» para «resguardar la seguridad de los ciudadanos peruanos y venezolanos».

El sábado 18 de agosto se registró una nueva cifra récord de ingreso, en un solo día, de venezolanos a Perú, alcanzando los 5 mil 100. Hasta finales de junio habían llegado 353 mil venezolanos, de los cuales 55 mil tienen Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que el Gobierno limitó ahora hasta el 31 de octubre y no a diciembre.

Ecuador exige desde el sábado 18 de agosto el pasaporte a los venezolanos, decisión que ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo y organismos humanitarios, que pidieron medidas cautelares.

Decenas de venezolanos que estaban en tránsito a través de Colombia con su cédula de identidad están varados en la zona fronteriza, tras la disposición ecuatoriana en el punto de control migratorio.

Colombia anunció que aumentará su personal en el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo con Ecuador, tras la decisión de ese país y de Perú de exigir pasaporte a los venezolanos.

En caso de que por carecer de pasaporte los venezolanos no puedan entrar a Ecuador o a Perú, Colombia tendría que hacer frente a un flujo migratorio de grandes proporciones y para el cual el país no está suficientemente preparado, según las autoridades.

Colombia es el principal punto de salida de venezolanos por vía terrestre hacia al exterior, ya que los dos países tienen una frontera común de 2 mil 219 kilómetros en los que hay siete pasos fronterizos por los que cruzan a diario unas 35 mil personas en promedio, según Migración Colombia.

En julio pasado Migración Colombia calculó que unos 870 mil venezolanos, tanto en proceso de regularización gracias a un procedimiento especial, como irregulares, están en el país, y miles más han pasado en tránsito a otras naciones del continente.

En Chile se presentó en abril pasado la nueva ley de Migraciones, que pone especial énfasis en la situación de las decenas de miles de venezolanos, por la que se han regularizado más de 155 mil personas de las que 31 mil 682 son de nacionalidad venezolana.

El Gobierno además creó una «visa de responsabilidad democrática» que los venezolanos pueden solicitar en los Consulados chilenos de su país y que les otorga un permiso de residencia temporal por un año que se podrá prorrogar una vez. En 2017 arribaron a Chile casi 165 mil venezolanos, prácticamente el doble que un año antes.

En 2017, México recibió 4 mil solicitudes de refugio de personas provenientes de Venezuela, de las cuales solo se aceptaron 907.

Pese a que el país ha experimentado un aumento del mil 19 % en las peticiones de refugio de venezolanos respecto a 2016, el Gobierno mexicano no ha anunciado medidas extraordinarias.

El procedimiento para conseguir la residencia en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil se basa en la vía Mercosur.

En Uruguay, según datos oficiales, desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2017, se han procesado y concedido un total 27.146 residencias permanentes, 6.157 a venezolanos.

En Argentina el Gobierno ha facilitado que los venezolanos puedan homologar sus estudios en atención a la situación especial que se vive en su país.

República Dominicana no ha adoptado medidas concretas pese al creciente flujo de venezolanos y de solicitudes de facilidades migratorias. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 en 2012 a 25 mil 872 en 2017, pero algunos organismos calculan que ya suman 30 mil.

Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua exigen visa a los venezolanos que ingresan a sus territorios.

Las autoridades panameñas reconocen que esta medida ha ayudado a reducir el flujo de estos ciudadanos hacia el país centroamericano.

El Gobierno de Estados Unidos no ha tomado medidas especiales hasta el momento. Según las cifras más recientes en 2017 recibió cerca de 28 mil solicitudes de asilo, casi el doble de los 14 mil 700 que lo pidieron en 2016.

EEUU ha destinado más de 32 millones de dólares para ayudar a los venezolanos en la región fronteriza con Colombia, con el suministro de comida, vacunas y asistencia sanitaria.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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