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Aumentan a 65 años de prisión la condena por feminicidio

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para quien cometa feminicidio.

En el dictamen que se envió al Senado, también se aumenta de 8 a 10 años de prisión al servidor público que retarde y entorpezca maliciosamente o por negligencia el delito de feminicidio.

Incluso, a aquella persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo se le impondrá una pena de 10 a 18 años de prisión.

Tipificar el acoso sexual
Los diputados también avalaron reformas al artículo 259 del Código Penal Federal para tipificar el acoso sexual estableciendo que lo comete quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona sin su consentimiento, imponiendo una sanción de hasta con ochocientos días multa (69 mil 504 pesos).

Y en caso de tratarse de un servidor público, la destitución del cargo con posibilidad de inhabilitación hasta por un año sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a las que haya lugar. Sólo se procederá contra la persona hostigadora a petición de la parte ofendida.

Hostigamiento sexual
También se establecerá que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona sin su consentimiento. Y se precisa que, si se trata de un servidor público, se apliquen las penas determinadas sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a las que haya lugar.

Asimismo, los diputados aprobaron un dictamen para reformar los artículos 3 Bis, 47, 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, para ampliar el concepto de «acoso sexual», adicionando que es una forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva.

Además, se incluirá el concepto de «hostigamiento sexual», entendido como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva.

Incluso se establece el hostigamiento sexual como una causa de rescisión de la relación de trabajo, o sin responsabilidad para el patrón cuando la persona trabajadora cometa hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo.

Y con responsabilidades laborales para el patrón y sin responsabilidad para la persona trabajadora cuando el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio incurra en hostigamiento sexual en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

Fuente: El Universal

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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