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México

Aumentan en México cirujanos plásticos falsos

En México existen más de 20 mil médicos cirujanos plásticos falsos o mejor conocidos como “charlatanes”, por lo que la diputada Elvia Palomares Ramírez (PRI) impulsa reformar la Ley General de Salud, e incluir la cirugía estética y reconstructiva en las actividades que requieren títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

La propuesta enviada a la Comisión de Salud para su análisis, precisa que se clausurará temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción y características de la actividad o establecimiento, a quienes en sus anuncios, documentos, papelería o publicidad, incluyan la leyenda “registro en trámite” o cualquier otra similar.
La diputada federal por Puebla señaló que en nuestro País cada vez son más los médicos falsos que se ostentan con diplomas expedidos por instituciones sin registro oficial, brindando servicios de salud en consultorios clandestinos donde practican, en su mayoría, cirugías estéticas que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Destacó que la cirugía estética presenta un mayor número de personas afectadas por malas prácticas, según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Por cada cirujano médico reconstructor especializado, resaltó, existen 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y aplican productos como aceite de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México ocupa el tercer lugar dentro del ranking internacional en procedimientos de cirugía estética, superado por Estados Unidos y Brasil. “Es una gran cantidad de personas que se somete a estas intervenciones, lo que es alarmante”.

Palomares Ramírez enfatizó que este tipo de casos existe debido a que es común que individuos se exhiban como profesionales en medicina con diplomas sin ninguna validez oficial o se respaldan con cursos, muchos de ellos a través de Internet, que no acreditan los conocimientos suficientes para llevar a cabo dicha práctica.

Indicó que para el segundo trimestre del 2014, había poco más de 343 mil 700 personas que estudiaron medicina. De los profesionistas médicos que son activos económicamente, la población ocupada asciende a 277 mil 177 personas, 98.6 por ciento, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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