La incongruencia desmedida del gobernador Javier Corral y su gabinete es alarmante, la precaria situación en la que tiene sumida al estado de Chihuahua en materia de inseguridad, salud, obra pública pero sobre todo en materia social, deja mucho que desear a la mitad de su mandato, aseveró Morena a través de un comunicado.

Basta hacer un recuento de la letanía que ha emitido Javier Corral Jurado desde que inició su gobierno para que los chihuahuenses se enteren del doble discurso del gobierno panista, y para muestra, sobran varios botones. El primero de noviembre del 2016, el gobernador del “Amanecer Desgastado” declaró que Chihuahua estaba en bancarrota, debido, afirmó, a que el gobierno de César Duarte Jáquez dejó una deuda de 50 mil millones de pesos, por lo cual, en aquél entonces, pidió que le autorizaran una bursatilización de seis mil millones de pesos. Así pues, aseveró, en el no tan lejano 2016, después de su triunfo en las urnas, y para justificar la parálisis administrativa de su gobierno: “recibí Chihuahua en bancarrota”.

En enero del presente año, el gobernador se comprometió a no despedir a trabajadores del Gobierno del Estado, a causa de las dificultades financieras que atravesaría Chihuahua por las represalias del gobierno de Enrique Peña Nieto, promesa que, por cierto, incumplió como tantas otras el pasado octubre cuando se realizó una rescisión de contratos masiva de burócatas; luego, en marzo del presente año, el titular del Ejecutivo admitió que el estado se enfrentaba a una quiebra en el sector salud y otros organismos descentralizados como Pensiones Civiles del Estado, Cobach, entre otros.

Posteriormente, el pasado 3 de diciembre, Corral Jurado, fiel a su costumbre, reconoció que no había recursos suficientes para el pago de nómina, y ahora, con cinismo, además de trece secretarios de Estado, comisionados y el coordinador de gabinete, pretenden recibir para el 2019 un incremento salarial que costará al año 4.8 millones de pesos, eso, claro, sin contar con el aumento que tendrá el sistema de compensaciones de cada funcionario.

Esto, sin lugar a dudas, es una acción voraz y desmedida para con una sociedad lastimada económicamente y acosada a diario por la violencia que el gobierno estatal no ha tenido la menor intención de combatir.

Se trata de un acto vergonzoso que lastima la confianza de los chihuahuenses y refrenda la indolencia lacerante hacia la sociedad chihuahuense.