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México

Autores de ataque a familia en la México-Puebla se dedican al robo a transportistas

Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, informó que fue detenido uno de integrantes del grupo criminal que agredió a una familia que viajaba por la carretera México-Puebla el pasado 2 de mayo.
La familia fue interceptada y forzada a detener la marcha de su vehículo. Los agresores dispararon y mataron a un menor de edad. El resto de la familia fue trasladada al kilómetro 94 de la carretera, donde hay campos de cultivo. Ahí violaron a la madre y una hija menor de edad, y golpearon al padre. Después, los delincuentes abandonaron a la familia y escaparon por un camino vecinal de la comunidad de Santa María Moyotzingo.
En conferencia, el comisionado nacional de seguridad explicó que tras una denuncia ciudadana realizada a través del número 088 se inició una investigación de gabinete y de campo que permitió a fuerzas federales, encabezadas por la Policía Federal, detener a uno de los integrantes del grupo criminal que agredió a la familia cerca de San Martín Texmelucan.
Tras el ataque, la División Regional de la Policía Federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), el Gabinete de Seguridad y autoridades locales, realizan investigaciones que han permitido determinar que los agresores se dedican al robo a transportistas en la carretera México-Puebla.
Renato Sales señaló que los agresores radican en San Martín Texmelucan y diversas denuncias ciudadanas los señalan por amedrentar a los habitantes de Santa María Moyotzingo.
Este grupo criminal estaría encabezado por tres hermanos que portan armas de fuego y señalaron su probable relación con el ataque a la familia en la carretera México-Puebla, dijo el comisionado.
La Policía Federal se desplegó en la zona y durante la tarde del 16 de mayo identificaron a Orlando ‘N’, de 37 años, quien portaba un arma y por tanto fue detenido por la comisión flagrante de un delito.
Al ahora imputado se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra, calibre 45, y una bolsa con una sustancia granulada con las características de la droga sintética. Ya fue presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en Puebla.
Renato Sales precisó que la investigación continúa con la finalidad de capturar a todos los integrantes de esta agrupación delictiva.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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