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Autoridades de Puebla detectan “adopciones exprés” y venta de niños con Moreno Valle

Además de la venta de niños en administraciones morenovallistas, la directora del Sistema Estatal DIF, Leonor Vargas Gallegos reveló que detectaron adopciones “exprés” de menores en las que no se cumplió el protocolo completo.

En entrevista posterior a su participación en la XXIX Asamblea Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, Vargas Gallegos evitó mencionar cuántos casos de venta de niños detectaron debido a que se encuentran desahogando las investigaciones.

“Se está revisando cada expediente, al parecer había adopciones muy rápidas y ahorita se está llevando todo el protocolo como debe ser. Lo que hemos observado es que no se le daba seguimiento real al protocolo que tiene que tener una adopción”, aseveró.

La funcionaria estatal descartó que hayan cambiado los protocolos para dar en adopción a los menores. Sin embargo, aseguró que llevan a cabo una revisión minuciosa sobre los perfiles de quienes desean adoptar.

El pasado 23 de agosto, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reveló que detectaron casos de venta de niños desde el Sistema Estatal DIF en administraciones pasadas. Aunque no especificó en cuáles administraciones, aseguró que presentarán las denuncias correspondientes.

Durante la reinstalación del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el mandatario estatal destapó estas irregularidades y advirtió que presentarán las denuncias correspondientes contra los responsables.

“Tenemos documentados venta de menores y cuando tengamos más información haremos denuncias”, prometió.

Barbosa Huerta no especificó en qué gobiernos estatales se cometió este delito, ni cuántos menores fueron vendidos, pero dijo que él área jurídica de su administración preparará las denuncias correspondientes.

Central publicó que durante los gobiernos morenovallistas, el DIF estatal fue fortalecido y se convirtió en una dependencia alterna a desarrollo social, desde la cual se buscaba tener rentabilidad electoral.

Es por eso que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y la minigubernatura de dos años de Antonio Gali Fayad, esta área ejerció cerca de 6 mil millones de pesos.

Fuente: Central

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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