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Autoridades desmantelan campamento de migrantes en Tijuana

Tijuana.- Autoridades locales desplegaron este domingo un operativo para desalojar a unos 380 migrantes mexicanos y de Centroamérica agrupados en un campamento en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, con el objetivo de reubicarlos en otra zona.

Por la mañana, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron a los migrantes que solo podrían llevarse tres cambios de ropa a los albergues en donde serían reubicados.

“Hubo personas que se empezaron a ir y empezaron a subir por su voluntad, sin usar la fuerza pública, a los camiones que van a los distintos albergues”, dijo a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero.

La funcionaria señaló que los agentes que participaron en el operativo iban sin armas.

Sin embargo, la decisión generó molestia entre los migrantes que habitaban el campamento, el cual llevaba poco menos de un año de instalado.

“Está mal y es inhumano esto que nos están haciendo”, destacó Rosalía Mejía, una mujer del sureño estado mexicano de Guerrero, quien llevaba seis meses viviendo en el campamento con sus tres hijos. “Yo me voy a ir donde un familiar si es posible”, agregó.

Por su parte, una mujer hondureña de nombre Maritza reclamó también la actuación de las autoridades. “Nos venimos de nuestro país porque hay mucha delincuencia, nos sacan de allá y ahora nos sacan de aquí”, reclamó la mujer, quien lleva un año viviendo en Tijuana y seis meses viviendo bajo una carpa con sus dos hijos menores de edad. “¿Como quieren que uno busque la forma de entrar a Estados Unidos?”, añadió.

Luego del desalojo, las autoridades comenzaron a destruir las casas de campaña que usaban los migrantes al igual que ropa y enseres domésticos como televisores y muebles.

Decenas de migrantes, principalmente de Centroamérica, cruzan México para pedir asilo en Estados Unidos ante la violencia y pobreza que se vive en sus países. Sin embargo, en el camino son víctimas de la delincuencia organizada o de las propias autoridades mexicanas.

Las autoridades mexicanas han reforzado sus operativos para combatir el flujo migratorio.

Apenas el 9 de diciembre, un tráiler que trasladaba a 160 migrantes irregulares chocó contra un puente peatonal en una carretera de Chiapas (sur) dejando 56 muertos, en su mayoría guatemaltecos.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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