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Autoridades embargan propiedad de Barrales por deuda millonaria

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Un juez ordenó el embargo de una propiedad perteneciente a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales y a dos familiares por una deuda de al menos 12 millones de pesos más intereses moratorios.

El Juzgado 14 de lo Civil resolvió el pasado 26 de diciembre que tanto Barrales, como su hermana María Laura y su madre, Esperanza Magdaleno, deberán pagar una deuda que contrajeron mediante tres pagarés firmados en mayo de 2015 con Antonio Abad García Martínez.

De acuerdo con una información de Reforma, los pagarés que firmó la dirigente del PRD y su familia, vencieron en mayo, junio y julio de 2016 y contemplaban pago de intereses moratorios de 120% anual.

Por su parte, el juez Guillermo Campos cosnideró que esta tasa de interés era notoriamente muy alta y la dejó en 43.8% anual, lo que implica que la perredista tiene una deuda total de más de 16 millones de pesos.

El juez también suprimió los nombres de todas las partes y el monto involucrado en la versión pública de la sentencia, pero la lista de notificaciones del Juzgado y el Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal indican tanto los nombres como la cantidad de 12 millones de pesos, que en mayo de 2015 equivalían a 770 mil dólares.

Ante esta situación la perredista su familia fueron requeridas de pago, emplazadas y embargadas el pasado 7 de septiembre de 2016, sin embargo, no contestaron la demanda, no comparecieron ni apelaron la sentencia, la cual se convirtió en ejecutoria el 10 de enero.

Debido a esta situación el demandante solicitó al juez ordenar el remate del inmueble embargado desde el 7 de septiembre, a Barrales.

Los datos de este inmueble no son públicos, aunque previamente estuvo embargado por otra demanda contra Barrales, presentada en 2006 por Norma Gómez del Olmo.

Publimetro

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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