En Nicaragua, las autoridades usan grupos paramilitares, las llamadas «turbas sandinistas», para reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega, señaló este martes la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

«Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía», dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, sobre la reacción gubernamental a las manifestaciones contra Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que desde el 18 de abril dejan al menos 87 muertos.
AI presentó este martes en Managua el informe «Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua», sobre el que Guevara-Rosas habló.
AI ya había advertido en 2016 un «deterioro» en términos de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué encontró ahora?

Una respuesta violenta y represiva del descontento popular por parte de las autoridades, que tiene características sumamente preocupantes, como el uso de grupos paramilitares y parapoliciales, lo que denominan las «turbas sandinistas», para desincentivar la protesta y castigar a voces en contra del gobierno, principalmente jóvenes y estudiantes en distintas ciudades.

No es la primera vez que Ortega (en el poder desde 2007) hace un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. La represión ha sido el común denominador en la lucha de los campesinos contra el proyecto del canal interoceánico. Pero nunca habíamos documentado una situación de violencia tan radicalizada con grupos que claramente están en colusión con las autoridades del Estado. Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía. Es de suma preocupación porque están generando esta situación de violencia extrema. Y ninguna investigación los ha llevado a la justicia.
¿Por qué la situación es peor ahora?

Lo atribuimos a un mayor descontento social por medidas que afectan y vulneran el ejercicio de derechos fundamentales. Los estudiantes, inclusive antes del proyecto de reforma del seguro social que generó estas protestas, ya expresaban descontento hacia políticas económicas y sociales, limitaciones a la libertad de expresión, mayor censura de los medios, persecución de defensores de derechos humanos, especialmente mujeres, control absoluto del Estado de organizaciones de la sociedad civil.
El informe de AI señala un «retroceso» hacia los peores momentos de la historia de Nicaragua.

Lamentablemente, vemos ese paralelismo perverso, en el que un presidente que en los años 1980 luchó contra la dictadura de (Anastasio) Somoza, donde también hubo muchas pérdidas humanas por la represión, hoy es el líder político que emprende una política sistemática de represión violenta contra la ciudadanía que se manifiesta en su contra. La situación está empeorando cada día.
¿Qué recomienda AI?

El Estado debe asumir la responsabilidad por estos hechos. Es fundamental que cumpla con sus compromisos asumidos con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo 15 recomendaciones claras y concisas. Además, es necesario permitir el establecimiento de una comisión de expertos independientes que pueda hacer una investigación imparcial y expedita de todas estas graves violaciones a los derechos humanos y lleve a la justicia a todos los responsables a todo nivel. Como presidente, Ortega es el garante del respeto de los derechos de la población, pero también es el jefe supremo de las fuerzas de seguridad.
¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Su papel es clave. La próxima Asamblea General de la OEA, el 4 y 5 de junio en Washington, debe discutir estas situaciones. Hay mecanismos regionales para hacer que Nicaragua rinda cuentas y encaminar soluciones pacíficas y duraderas. Tiene que haber un posicionamiento de la comunidad internacional que todavía vemos muy tibio.