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Autoridades en Nicaragua reprimen protestas con grupos paramilitares

En Nicaragua, las autoridades usan grupos paramilitares, las llamadas «turbas sandinistas», para reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega, señaló este martes la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

«Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía», dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, sobre la reacción gubernamental a las manifestaciones contra Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que desde el 18 de abril dejan al menos 87 muertos.
AI presentó este martes en Managua el informe «Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua», sobre el que Guevara-Rosas habló.
AI ya había advertido en 2016 un «deterioro» en términos de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué encontró ahora?

Una respuesta violenta y represiva del descontento popular por parte de las autoridades, que tiene características sumamente preocupantes, como el uso de grupos paramilitares y parapoliciales, lo que denominan las «turbas sandinistas», para desincentivar la protesta y castigar a voces en contra del gobierno, principalmente jóvenes y estudiantes en distintas ciudades.

No es la primera vez que Ortega (en el poder desde 2007) hace un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. La represión ha sido el común denominador en la lucha de los campesinos contra el proyecto del canal interoceánico. Pero nunca habíamos documentado una situación de violencia tan radicalizada con grupos que claramente están en colusión con las autoridades del Estado. Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía. Es de suma preocupación porque están generando esta situación de violencia extrema. Y ninguna investigación los ha llevado a la justicia.
¿Por qué la situación es peor ahora?

Lo atribuimos a un mayor descontento social por medidas que afectan y vulneran el ejercicio de derechos fundamentales. Los estudiantes, inclusive antes del proyecto de reforma del seguro social que generó estas protestas, ya expresaban descontento hacia políticas económicas y sociales, limitaciones a la libertad de expresión, mayor censura de los medios, persecución de defensores de derechos humanos, especialmente mujeres, control absoluto del Estado de organizaciones de la sociedad civil.
El informe de AI señala un «retroceso» hacia los peores momentos de la historia de Nicaragua.

Lamentablemente, vemos ese paralelismo perverso, en el que un presidente que en los años 1980 luchó contra la dictadura de (Anastasio) Somoza, donde también hubo muchas pérdidas humanas por la represión, hoy es el líder político que emprende una política sistemática de represión violenta contra la ciudadanía que se manifiesta en su contra. La situación está empeorando cada día.
¿Qué recomienda AI?

El Estado debe asumir la responsabilidad por estos hechos. Es fundamental que cumpla con sus compromisos asumidos con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo 15 recomendaciones claras y concisas. Además, es necesario permitir el establecimiento de una comisión de expertos independientes que pueda hacer una investigación imparcial y expedita de todas estas graves violaciones a los derechos humanos y lleve a la justicia a todos los responsables a todo nivel. Como presidente, Ortega es el garante del respeto de los derechos de la población, pero también es el jefe supremo de las fuerzas de seguridad.
¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Su papel es clave. La próxima Asamblea General de la OEA, el 4 y 5 de junio en Washington, debe discutir estas situaciones. Hay mecanismos regionales para hacer que Nicaragua rinda cuentas y encaminar soluciones pacíficas y duraderas. Tiene que haber un posicionamiento de la comunidad internacional que todavía vemos muy tibio.

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Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.

Una emergencia nacional para deportaciones masivas

Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».

Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».

El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.

Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.

Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva

La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.

Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.

Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.

Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.

«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

**Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas** Créditos: Cuartos

En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.

Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.

«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.

Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.

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