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Autoridades presentan 38 cargos contra la pareja que secuestró a sus 13 hijos

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Las autoridades del condado de Riverside (California, EU) anunciaron hoy que han presentado un total de 38 cargos contra David y Louise Turpin, la pareja que mantuvo secuestrados a sus 13 hijos en condiciones insalubres.

Los cargos formulados incluyen 12 por tortura, 12 por detención ilegal, 7 por abusos a un adulto dependiente, 6 por abuso de menores y 1 por acto lascivo sobre un menor, imputado a David Turpin.

Si fueran declarados culpables de todos los cargos, la pareja podría afrontar hasta 94 años en prisión.

Los Turpin se declararon «no culpables» tras serles formulados los cargos. El juez que lleva el caso estableció una fianza de 12 millones de dólares para cada uno.

«Estos castigos se alargaban por espacio de semanas e incluso meses en ocasiones», indicó en conferencia de prensa Michael Hestrin, el fiscal de distrito de Riverside, quien habló de constantes «palizas, estrangulaciones, violencia y encadenamientos» por parte de la pareja.

Las autoridades de la localidad californiana de Perris reconocieron estar aún intentando comprender qué motivos pudieron llevar a David y Louise a encerrar a sus trece hijos en casa y a llegar al extremo de encadenar a tres de ellos.

«Parece un caso de depravación humana», reconoció Hestrin.

Los vecinos de Perris, 110 kilómetros al este de Los Ángeles y con su alcalde Michael Vargas a la cabeza, se han declarado devastados después de que este lunes las autoridades descubrieran los terribles sucesos que se escondían tras las paredes del domicilio de los Turpin.

En un primer registro de la vivienda, la Policía pudo constatar que tres de los vástagos del matrimonio permanecían encadenados a distintos muebles, rodeados por un denso mal olor que denotaba una grave situación de insalubridad.

El segundo aspecto del caso que desató todas las alarmas entre las autoridades locales fue la clara desnutrición que sufrían los trece jóvenes que, debido a la falta de alimento, fueron inicialmente identificados como menores a pesar de que sus edades oscilan entre los 2 y los 29 años.

«Todas las víctimas están desnutridas. La víctima de 29 años pesa 37 kilos», afirmó Hestrin, quien indicó que a ninguno de los hijos de la pareja se les permitía ducharse más de una vez al año.

«Estamos hablando de un abuso físico y emocional severo», agregó.

La Policía descubrió lo que estaba ocurriendo gracias a que una de las víctimas, una joven de 17 años, consiguió escapar del domicilio familiar y llamó a los agentes desde un teléfono que encontró en la casa.

La joven llevaba dos años tratando de escapar, apuntó Hestrin, quien señaló que algunos de los hijos de la pareja mostraban un nivel de aislamiento tan grave que no sabían lo que era un agente de policía.

La pareja se instaló en Perris en 2014 tras conseguir una licencia que acreditaba que su domicilio servía, además, como escuela.

Más allá de educar a sus hijos en casa, no obstante, los Turpin parecían ser una familia extensa pero normal. De hecho, en la cuenta de Facebook del padre pueden verse numerosas imágenes de toda la familia, en las que los hijos posan sonrientes en lugares como Disneyland.

La próxima vista judicial para los Turpin tendrá lugar el 23 de febrero.

EFE

Acontecer

Canaco lamenta presunta participación de elementos de la Guardia Nacional en homicidio

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El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, calificó como lamentable que elementos de la Guardia Nacional estén presuntamente involucrados en acciones de sicariato, luego de que se diera a conocer la detención de dos personas relacionadas con un homicidio, identificadas como un oficial en funciones y un exoficial por deserción de dicha corporación.
Señaló que el Ejército y la Guardia Nacional han sido históricamente símbolos de respeto para la ciudadanía, por lo que este tipo de casos impactan de manera directa en la percepción social y en la confianza hacia las autoridades. Indicó que, en algunos contextos, la población ha comenzado a sentir temor ante la presencia de elementos armados, en lugar de seguridad.
Lazzarotto recordó que durante el año pasado se registraron quejas por trato agresivo de algunos elementos, situación que fue comunicada a la autoridad local y, aseguró, derivó en acciones correctivas, ya que no se volvieron a presentar denuncias similares. Reiteró que el sector empresarial está en contra de cualquier práctica que atente contra la legalidad.
De acuerdo con información de la Fiscalía de la Zona Centro, los detenidos como presuntos responsables del homicidio fueron identificados como Eduardo Miguel M. C., oficial en funciones de la Guardia Nacional, y Jesús Eduardo M., exoficial que habría desertado de la corporación. Los datos serán clave para el deslinde de responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

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