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Autoridades presentan 38 cargos contra la pareja que secuestró a sus 13 hijos

Las autoridades del condado de Riverside (California, EU) anunciaron hoy que han presentado un total de 38 cargos contra David y Louise Turpin, la pareja que mantuvo secuestrados a sus 13 hijos en condiciones insalubres.

Los cargos formulados incluyen 12 por tortura, 12 por detención ilegal, 7 por abusos a un adulto dependiente, 6 por abuso de menores y 1 por acto lascivo sobre un menor, imputado a David Turpin.

Si fueran declarados culpables de todos los cargos, la pareja podría afrontar hasta 94 años en prisión.

Los Turpin se declararon «no culpables» tras serles formulados los cargos. El juez que lleva el caso estableció una fianza de 12 millones de dólares para cada uno.

«Estos castigos se alargaban por espacio de semanas e incluso meses en ocasiones», indicó en conferencia de prensa Michael Hestrin, el fiscal de distrito de Riverside, quien habló de constantes «palizas, estrangulaciones, violencia y encadenamientos» por parte de la pareja.

Las autoridades de la localidad californiana de Perris reconocieron estar aún intentando comprender qué motivos pudieron llevar a David y Louise a encerrar a sus trece hijos en casa y a llegar al extremo de encadenar a tres de ellos.

«Parece un caso de depravación humana», reconoció Hestrin.

Los vecinos de Perris, 110 kilómetros al este de Los Ángeles y con su alcalde Michael Vargas a la cabeza, se han declarado devastados después de que este lunes las autoridades descubrieran los terribles sucesos que se escondían tras las paredes del domicilio de los Turpin.

En un primer registro de la vivienda, la Policía pudo constatar que tres de los vástagos del matrimonio permanecían encadenados a distintos muebles, rodeados por un denso mal olor que denotaba una grave situación de insalubridad.

El segundo aspecto del caso que desató todas las alarmas entre las autoridades locales fue la clara desnutrición que sufrían los trece jóvenes que, debido a la falta de alimento, fueron inicialmente identificados como menores a pesar de que sus edades oscilan entre los 2 y los 29 años.

«Todas las víctimas están desnutridas. La víctima de 29 años pesa 37 kilos», afirmó Hestrin, quien indicó que a ninguno de los hijos de la pareja se les permitía ducharse más de una vez al año.

«Estamos hablando de un abuso físico y emocional severo», agregó.

La Policía descubrió lo que estaba ocurriendo gracias a que una de las víctimas, una joven de 17 años, consiguió escapar del domicilio familiar y llamó a los agentes desde un teléfono que encontró en la casa.

La joven llevaba dos años tratando de escapar, apuntó Hestrin, quien señaló que algunos de los hijos de la pareja mostraban un nivel de aislamiento tan grave que no sabían lo que era un agente de policía.

La pareja se instaló en Perris en 2014 tras conseguir una licencia que acreditaba que su domicilio servía, además, como escuela.

Más allá de educar a sus hijos en casa, no obstante, los Turpin parecían ser una familia extensa pero normal. De hecho, en la cuenta de Facebook del padre pueden verse numerosas imágenes de toda la familia, en las que los hijos posan sonrientes en lugares como Disneyland.

La próxima vista judicial para los Turpin tendrá lugar el 23 de febrero.

EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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