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Autoridades rusas detienen a 250 manifestantes contra Putin en Moscú

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Más de 250 personas han sido detenidas en las marchas de protesta no autorizadas convocadas hoy por el líder opositor Alexéi Navalni contra la corrupción, según distintas fuentes.

En Moscú hay un centenar de detenidos en la manifestación que transcurre por la céntrica calle Tverskaya, donde miles de jóvenes corean consignas contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

Entre los detenidos está el periodista de la Agencia Efe en Moscú Ignacio Ortega, que filmaba la manifestación con una cámara de vídeo.

El reportero fue empujado en el tumulto y llevado a un furgón policial con otros detenidos, casi todos ellos jóvenes de una veintena de años.

De acuerdo a medios locales, en San Peteresburgo, en el Campo de Marte, fueron detenidas al menos 150 personas que participaban con varios miles en una protesta.

«Rusia sin Putin», «Putin ladrón» y otros lemas del mismo tenor son coreados por los manifestantes congregados en la calle Tverskaya, que desciende hasta la misma plaza Roja y el Kremlin.

Cientos de policías y antidisturbios están interviniendo para reprimir la manifestación, que no está autorizada por las autoridades.

Navalni cambió anoche, a menos de 24 horas el lugar acordado con el Ayuntamiento para su manifestación contra la corrupción y pidió a sus partidarios que acudieran a la Tverskaya, en el centro de Moscú.

Las autoridades y el portavoz del Kremlin lo consideraron una provocación, y la fiscalía señaló que la gente podía acudir a «pasear» por esa zona con los miles de personas que celebran hoy el Día de Rusia, pero sin sacar pancartas ni gritar eslóganes.

Navalni fue detenido en el portal de su casa antes de poder dirigirse a la marcha convocada en Moscú, según informó su esposa.

MVS

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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