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Chihuahua

Avance del 50 por ciento en registro del patrimonio público

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El Estado de Chihuahua ha mostrado un avance del 50% en el Registro y Valorización de Patrimonio Público y esto evidencia la necesidad de avanzar en los procesos de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios en esta tarea, que se aletarga también debido a los relevos de las administraciones cada tres años.

Así lo explicaron el C.P.C. Aldo Ajuria Galezzi y el C.P.C. Julio Ortiz Blanco, dentro de su participación en el curso de Reglas de Registro y Valorización Patrimonial, dirigido a funcionarios públicos, mismo que fue impartido por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Lo anterior con base en una normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con la que se busca que los entes públicos municipales, estatales y federales, registren los bienes muebles e inmuebles de manera obligatoria.

El objetivo principal es que los gobiernos, organismos autónomos, descentralizados y todos los que dependan de recursos públicos, tengan la base para registrar los bienes con los que cuentan así como sus obligaciones.

Asimismo se tiene la finalidad de que los entes públicos realicen sus registros de la misma forma y con las mismas reglas, pues anteriormente cada gobierno contaba con sus métodos y procesos, esto permitirá que la lectura de los estados financieros sea igual en todo el país.

Julio Ortiz Blanco, mencionó que esta ley inició en 2008, por lo que todos los institutos ya deberían estar cumpliendo con esta obligación sin embargo se han presentado algunos cambios y actualizaciones en los procesos, lo que ha retrasado el avance.

Agregó que la Ciudad de México, es la que cuenta con mayores avances pues presenta un 80% en el registro de los bienes muebles e inmuebles de sus entes públicos.

Expresó que el tema de los municipios es bastante complicado, pues los cambios de administración son cada tres años y es difícil para los gobiernos estatales coordinarse, pues se tendría que hacer dos veces por cada administración.

Por su parte Aldo Ajuria Galezzi, resaltó que el Estado de Chihuahua, lleva apenas un 50% de avance en este mismo tema, por lo que existe aún bastante camino por recorrer.

“Si se han hecho esfuerzos, si se ha trabajo, pero aún falta mucho por hacer, pues falta mucha coordinación entre los gobiernos de los estados con todos sus municipios y organismos”, consideró.

Finalmente señaló que este registro debería estar funcionando en su totalidad, incluso los contadores que auditaron a los gobiernos entre 2013 y 2013, ya deberían tener los resultados para saber si las administraciones públicas cumplen o no han cumplido con la normatividad.

Chihuahua

ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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