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México

Avanza denuncia de senador para que se investiguen prácticas monopólicas en PEMEX

“Urge que se vaya recuperando nuestra soberanía energética” señaló el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, al dar a conocer que en la Comisión de Energía del Senado de la República, está avanzando la denuncia presentada a fin de que se investigue a PEMEX Transformación Industrial por prácticas monopólicas que han derivado en pérdidas millonarias para PEMEX

En conferencia de prensa los senadores Armando Guadiana, Napoleón Gómez y Cruz Pérez Cuéllar, dieron a conocer que en breve la Comisión de Energía estará avalando el dictamen mediante el cual se citará a funcionarios de PEMEX para que proporcionen toda la información correspondiente a la denuncia.

Recordaron que en el mes de noviembre el senador chihuahuense presentó la denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) mediante la cual se otorgaron descuentos por más de 44 mil millones de pesos que no llegaron al consumidor final y que de alguna forma se repartieron entre titulares de varias empresas de gas LP y funcionarios.

“Quiero felicitar al presidente de la Comisión de Energía por la disposición de ir al fondo de este tema, creo que lo más relevante es que vamos a invitar al director de PEMEX para conocer a detalle el tema de los descuentos, porque desde nuestra perspectiva esos descuentos no se trasladaron al consumidor final ni beneficiaron a la paraestatal” comentó Cruz Pérez Cuéllar al señalar este es un asunto que se le agrega al tema del huachicoleo en detrimento de las finanzas del país.

Agregó Pérez Cuéllar, que espera conocer los datos que tiene la paraestatal para poder buscar de la mejor manera el beneficio de la nación, mas allá de cualquier otra consideración, porque lo más importante es que se transparente y se conozcan todos los enfoques para que se vaya recuperando la soberanía energética como lo ha dicho el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el senador Armando Guadiana, concluyó que el dictamen esta por aprobarse en la Comisión de Energía en donde la conclusión es que se hará el llamado a los funcionarios de PEMEX para que otorguen la información correspondiente, revisar el tema y castigar a los culpables.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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