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Avanza en Cámara de Diputados esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial

La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la primera Ley General en Movilidad y Seguridad Vial, que plantea homologar los criterios para que en todos los estados se garantice el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, con el fin de evitar y reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.

¿A quiénes beneficia la Movilidad y Seguridad Vial?
Con 23 votos a favor, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias se manifestaron en pro de dicha ley, que busca beneficiar a estos sectores:

-Personas con movilidad reducida
-Peatones
-Ciclistas
-Usuarios de transporte público
-Automovilistas en general

La ley de Movilidad y Seguridad Vial se aprobó, primero, en el Senado de la República; ahora, tras la votación unánime, se turnó al pleno para ser votada.

– Uno de los puntos más atractivos de esta Ley es que aquellos conductores reincidentes que sean sorprendidos conduciendo bajo los influjos del alcohol o cualquier otra drogas se les podrá cancelar definitivamente las licencias de conducir

¿Qué contempla la Ley de Movilidad?

El documento se turnó al Pleno de la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Foto: Shutterstock
Éstos son algunos puntos que propone la Ley de Movilidad:

  • Crear un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como mecanismo de coordinación para tener una política nacional en la materia.
  • Medidas de tránsito, como límites de alcohol, uso de cinturón de seguridad, límites de velocidad
  • Regular el movimiento de bienes y mercancías por territorio nacional, a partir de una jerarquía de la movilidad señalada en la ley, para así disminuir los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, de salud y al medio ambiente
  • Cada entidad federativa deberá integrar sus bases de datos a través del Registro Público Vehicular, así como realizar operativos y pruebas de alcoholemia a conductores
  • Las entidades tienen la obligación de implementar tecnologías como medio auxiliar para la prevención y captación de infracciones a fin de prevenir y mitigar factores de riesgo
  • Mejoramiento de vialidades, señalamientos, pasos peatonales, etc.
  • Establecer sanciones severas, como la cancelación de las licencias, en caso de reincidencia en algunas faltas
  • Sancionar casos de corrupción en las instancias de Gobierno de las corporaciones de vialidad

    El dato: en México, fallecen todos los días 43 personas por hechos viales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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