Conecta con nosotros

México

Avanza prohibición de comida chatarra en escuelas públicas

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó una minuta para que la Secretaría de Educación (SEP) prohíba la venta de productos chatarra en las escuelas y sus inmediaciones.

El dictamen, remitido a la presidencia de la Mesa Directiva para su análisis, reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación para que la secretaria del ramo publique las disposiciones de carácter general en el Diario Oficial de la Federación las cuales deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparadas y procesadas dentro de una escuela.

Esta reforma incluye que dichos lineamientos incluirán tanto las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como aquellas que fomenten alimentos con mayor valor nutritivo.

“La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, dichos lineamientos incluirán tanto las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como aquellas que fomenten alimentos con mayor valor nutritivo”, define la reforma al artículo 75 aprobada por unanimidad con 26 votos.

Además define que las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y operarán con apego a los lineamientos a que hace referencia el párrafo anterior y a las demás disposiciones que resulten aplicables.

“Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, que en las inmediaciones de los planteles escolares se prohíba la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico, y se fomente la comercialización de alimentos saludables, considerando de manera preferente aquellos producidos en las regiones o comunidades en donde se ubiquen dichos planteles, al interior de los cuales también se promoverá se distribuyan esos alimentos a través de las cooperativas escolares.

“La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros.

“En materia de la promoción de la salud escolar, y para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Secretaría, así como las autoridades educativas y escolares, observaran los criterios nutrimentales y Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud”, define la reforma.

La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena) indicó que la propuesta de modificación que plantea el Senado es innecesaria, al ser un tema ya contemplado en la Ley; no obstante, con el ánimo de atender a la colegisladora, se hizo un replanteamiento de la misma, a fin de tener un artículo más claro, no reiterativo o confuso.

Detalló que el dictamen señala que las autoridades educativas promoverán ante las autoridades municipales, educativas y supervisores de zona, que en las inmediaciones de los planteles escolares se prohíba la venta de alimentos con bajo valor nutritivo.

Mencionó que el artículo 75 establece que los criterios nutrimentales se tienen que considerar en las cooperativas escolares a la hora de distribuir algún tipo de alimento. Lo que se está haciendo, agregó, es dar orden a la redacción y enfatizar los criterios nutrimentales y las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud.

La diputada Isabel Margarita Guerra (PAN) refirió que no está claro a quién se le está confiriendo la responsabilidad de verificar que alrededor de las escuelas no se venda comida chatarra. “Nos podríamos meter en un problema en cuanto a esos establecimientos que ya estaban ahí antes de la escuela. No creo que tengamos la capacidad para verificar que en las tiendas alrededor de las escuelas haya comida saludable”.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, mencionó que el tema de regular la alimentación escolar tendría que estar implícito en otro marco normativo, en una ley reglamentaria que no sea ésta. Agregó que falta definir los criterios para saber quién determina lo que es saludable y lo que no lo es. Se pronunció por estudiar más los ámbitos de competencia, a fin de no regular algo que no es competencia de la educación.

Por el PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro aplaudió que se promueva la prohibición de alimentos con bajo valor nutritivo y alto nivel calórico en las inmediaciones de los planteles escolares, lo cual fomentará la comercialización de alimentos saludables, ya que México ocupa los más altos niveles en obesidad infantil.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto