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México

Avanza prohibición de comida chatarra en escuelas públicas

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó una minuta para que la Secretaría de Educación (SEP) prohíba la venta de productos chatarra en las escuelas y sus inmediaciones.

El dictamen, remitido a la presidencia de la Mesa Directiva para su análisis, reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación para que la secretaria del ramo publique las disposiciones de carácter general en el Diario Oficial de la Federación las cuales deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparadas y procesadas dentro de una escuela.

Esta reforma incluye que dichos lineamientos incluirán tanto las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como aquellas que fomenten alimentos con mayor valor nutritivo.

“La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, dichos lineamientos incluirán tanto las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como aquellas que fomenten alimentos con mayor valor nutritivo”, define la reforma al artículo 75 aprobada por unanimidad con 26 votos.

Además define que las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y operarán con apego a los lineamientos a que hace referencia el párrafo anterior y a las demás disposiciones que resulten aplicables.

“Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, que en las inmediaciones de los planteles escolares se prohíba la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico, y se fomente la comercialización de alimentos saludables, considerando de manera preferente aquellos producidos en las regiones o comunidades en donde se ubiquen dichos planteles, al interior de los cuales también se promoverá se distribuyan esos alimentos a través de las cooperativas escolares.

“La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros.

“En materia de la promoción de la salud escolar, y para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Secretaría, así como las autoridades educativas y escolares, observaran los criterios nutrimentales y Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud”, define la reforma.

La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena) indicó que la propuesta de modificación que plantea el Senado es innecesaria, al ser un tema ya contemplado en la Ley; no obstante, con el ánimo de atender a la colegisladora, se hizo un replanteamiento de la misma, a fin de tener un artículo más claro, no reiterativo o confuso.

Detalló que el dictamen señala que las autoridades educativas promoverán ante las autoridades municipales, educativas y supervisores de zona, que en las inmediaciones de los planteles escolares se prohíba la venta de alimentos con bajo valor nutritivo.

Mencionó que el artículo 75 establece que los criterios nutrimentales se tienen que considerar en las cooperativas escolares a la hora de distribuir algún tipo de alimento. Lo que se está haciendo, agregó, es dar orden a la redacción y enfatizar los criterios nutrimentales y las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud.

La diputada Isabel Margarita Guerra (PAN) refirió que no está claro a quién se le está confiriendo la responsabilidad de verificar que alrededor de las escuelas no se venda comida chatarra. “Nos podríamos meter en un problema en cuanto a esos establecimientos que ya estaban ahí antes de la escuela. No creo que tengamos la capacidad para verificar que en las tiendas alrededor de las escuelas haya comida saludable”.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, mencionó que el tema de regular la alimentación escolar tendría que estar implícito en otro marco normativo, en una ley reglamentaria que no sea ésta. Agregó que falta definir los criterios para saber quién determina lo que es saludable y lo que no lo es. Se pronunció por estudiar más los ámbitos de competencia, a fin de no regular algo que no es competencia de la educación.

Por el PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro aplaudió que se promueva la prohibición de alimentos con bajo valor nutritivo y alto nivel calórico en las inmediaciones de los planteles escolares, lo cual fomentará la comercialización de alimentos saludables, ya que México ocupa los más altos niveles en obesidad infantil.

México

AMLO busca solucionar en 5 meses lo que no se resolvió en 10 años del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Ley de Amnistíatiene como principal interés la resolución de temas de interés que aquejan al país y en los que se ha constatado la violación de derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa, el cual conmemora este 26 de septiembre 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Durante su Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el propósito de este reforma, la cual fue aprobada la tarde del martes 23 de abril en comisiones del Senado y que, se prevé, sea discutida este mismo miércoles en el Pleno.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que su principal interés es el caso Ayotzinapa en el que, dijo, se produjo una especie de “pacto de silencio” en el que algunos formaron aparte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección; o bien, otros más, que se han cerrado por miedo o amenazas.

López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)
López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)

No obstante, el mandatario federal confió en que con esta ley el caso pueda resolverse antes de que finalice su sexenio el próximo 1 de octubre.

“Nos va a ayudar mucho, sí nos alcanza el tiempo porque es hacer las cosas legales”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si la aprobación de esta ley le permitiría cerrar el caso que cumple 10 años este 26 de septiembre en los cinco meses que le quedan a su gobierno.

Explicó que el propósito de la ley es que haya un respaldo en caso de que se tome un acuerdo con alguien que quiere informar sobre el caso. Y es que precisó que si el presidente no tiene facultades para cumplir con los acuerdos con personas que informan sobre el caso, se estaría infringiendo la ley.

López Obrador aseguró una vez más que su gobierno tiene pruebas de que algunas de las personas que fueron liberadas por jueces por presuntamente haber sido torturadas durante la investigación del caso, en realidad no sufrieron tortura.

El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)
El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)

El presidente dijo que aunque estas 80 personas están en libertad, una vez llegado el momento se buscará abrirles un nuevo expediente.

El presidente aprovechó el tema para volver a la carga en contra del Poder Judicial, en cuyo caso, dijo, los jueces no actuaron solos y de manera independiente al determinar la liberación de las 80 personas señaladas por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente, este tipo de actuaciones requiere la anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en este caso, sería la ministra Norma Piña Hernández.

“No fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar a 80 presuntos responsables de la desaparición de Ayotzinapa debió haber una consulta al presidente de la Corte. No se avienta un juez a algo así solo. Por mucho que hablen de autonomía”, indicó.

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