Chihuahua

Avanza transparencia con comparecencia de aspirantes a DSPM: Jáuregui

El esquema de comparecencia de los aspirantes a dirigir los cuerpos policiacos en los municipios del estado inició con el pie derecho, si bien es perfectible, señaló el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del estado, César Jáuregui Moreno.

«Es un primer ejercicio, es muy importante señalar que el Congreso está prácticamente inaugurando las comparecencias de los candidatos a ocupar el cargo de director de la policía», indicó.

Cabe señalar que el pasado viernes se tuvo la comparecencia en el piso 18 del Congreso del estado de los 3 aspirantes a ocupar la dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital del estado, y el próximo martes acudirán los aspirantes al mismo cargo de Ciudad Juárez.

Jáuregui Moreno explicó que este nuevo esquema compromete incluso al Poder Legislativo, ya que en caso de que se demuestre con el paso del tiempo que a quien se haya nombrado no era el indicado, «también el Congreso habrá fallado».

Recordó que antes de iniciar con las comparecencias, existía el debate al interior del Congreso si debían abrirse a los medios de comunicación, cosa que se logró para una mayor transparencia.

«Sin embargo, creo que esto lo vamos a tener que reglamentar, hacer de una forma más adecuada, pero ahí vamos, se había mencionado que no iban a poder acceder los medios, logamos que pudieran acceder. Seguramente el año que entra será mucho mejor», advirtió.

Respecto a los mejores perfiles, el coordinador de Acción Nacional aclaró que no existe un perfil único, pero destacó que cada vez más, la labor del jefe de policía pasa no solo por tener conocimientos policiacos «sino por ser un líder en su comunidad, y eso pasa por saberse conducir por los distintos escenarios».

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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