Opinión

Bajo la influencia. Por Itali Heide

Itali Heide

Antes, las celebridades eran sólo eso: personas famosas cuya mera presencia emocionaba cualquier espacio que ocuparan. La gente quería autógrafos, fotos y conversar con quienes habían visto en el periódico, en las revistas y en la televisión. Con el auge de las redes sociales surgió una nueva forma de conectar con los famosos, y ahora todas las celebridades están a un clic de distancia para relacionarse con sus fans.

Hoy en día, los famosos se han ramificado en nuevas formas de influir. Ya sea en la política, patrocinios o la justicia social, la voz de quienes tienen millones de seguidores suele influir en la forma de pensar, hablar y actuar de la gente. Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero esto parece ser un concepto perdido en una sociedad que creerá cualquier cosa mientras lo diga una cara conocida. ¿Deberían los famosos mantenerse al margen de la política, dejar de publicitar el consumismo y alejarse del activismo? Quizá no del todo, pero hay límites que deberían ponerse para protegerlos a ellos y a la gente que los sigue ciegamente.

Con el crecimiento de las redes sociales, nació una palabra todopoderosa que engloba a quienes hacen su vida virtual para el mundo: influencer. En los últimos años, se ha visto un aumento notable de personajes que han adquirido fama gracias a las redes sociales, mostrando su vida sin esfuerzo y con un presupuesto ilimitado, todo envuelto en la imagen de una vida perfecta. Gracias a la curiosidad intrínsecamente humana, la cultura del influencer ha despegado.

Queda en el olvido el hecho de que los influencers son seres humanos, imperfectos y en el peor de los casos, problemáticos. Como ejemplo, la ciudad de Monterrey eligió a su nuevo gobernador Samuel García, una figura pública que utiliza su fama y la de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, para ganar el puesto en las alturas de la política regia. Samuel no está exento de culpa, como tampoco lo está Mariana: ambos han sido criticados por llevar una vida que gira en torno a los patrocinios, el consumo masivo y el activismo político, todo ello mientras cometen errores que nos permiten conocer su realidad. No son perfectos, y las imperfecciones que tienen apuntan a una sociedad podrida que tolera la misoginia y el gasto poco ético.

La cultura del influencer es una parte omnipresente en la vida cotidiana de todas las personas que tienen acceso a un celular e internet. La influencia es constante, ya sea por un anuncio de Facebook, una celebridad usando alguna marca o un político haciendo oír su voz. No todos los influencers son intrínsecamente malos, y muchos son expertos en marketing, creación de contenido y buscan tener un impacto positivo en el mundo. Se vuelve peligroso cuando son problemáticos o inauténticos. Debemos ser cuidadosos al decidir qué personas, qué ideas y qué productos formarán parte de nuestra psique virtual. Cada persona cuenta con el control de lo que ve, y también tiene el poder de eliminar a quienes no están mejorando al mundo con su influencia.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.