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Barzón Nacional responsabiliza a Duarte por asesinato de Solorio

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En una carta publica, el presidente nacional de El Barzón,  responsabiliza al gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del asesinato de Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua. Así mismo en el pliego dirigido al Secretario de Gobernación Federal, Alejandro Alfonso Poiré Romero, culpan a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Aquí la carta:

Nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestra indignación frente al asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, ocurrido el día de hoy por la mañana en el municipio de Namiquipa, Chih.

Los compañeros ya habían sido agredidos por los grupos que de forma ilegal y con el apoyo de funcionarios del gobierno del Estado y de autoridades federales están realizando la explotación de agua y desarrollando procesos de contaminación y destrucción de las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua.

Los funcionarios gubernamentales nunca han querido resolver el conflicto y castigar a los que de manera permanente han estado violando la ley y afectando la vida y la producción de miles de chihuahuenses. El gobernador y las autoridades de CONAGUA nunca quisieron intervenir para solucionar el conflicto y castigar a los que de manera permanente han pasado por encima del estado de derecho.

El único motivo de la lucha de los compañeros Ismael y Manuelita era el de defender el agua de la zona del semidesierto y conservar los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales. También peleaban por evitar la violación de la Ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera Canadiense MAGSILVER, que estaba perforando a pesar de carecer de permiso y de la oposición de la asamblea y de las autoridades ejidales. Hasta el momento ya habían realizado más de 400 perforaciones, con la expectativa de que una vez iniciada la explotación, utilizarán materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos.

A pesar de la tensión permanente y de los enfrentamientos violentos, las autoridades locales y federales dejaron crecer el problema y los enfrentamientos se agravaron. Hoy los compañeros Ismael y Manuelita han sido asesinados.

Nosotros responsabilizamos al Gobernador César Duarte y a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Nuestros compañeros fueron comprometidos defensores de los derechos que tienen los habitantes de Chihuahua para lograr un desarrollo sustentable, en armonía con la naturaleza. Por ello participaban activamente en las movilizaciones en defensa de los acuíferos de la entidad, sobreexplotados mediante maniobras fraudulentas.

Hoy queremos manifestar nuestra indignación frente a la actitud del Gobernador Duarte por negarse a aplicar la Ley, dejando que el conflicto se agravara. Queremos manifestar nuestro repudio a las autoridades de CONAGUA que toleraron y estimularon la explotación ilegal de los sistemas de riego, cambiaron el uso del suelo, permitiendo que los pozos funcionaran con certificados y concesiones apócrifas, mediante la corrupción y la complicidad con grupos de menonitas, que ponían en peligro los acuíferos y la producción de maíz y frijol. Queremos manifestar nuestro repudio a la Secretaría de Medio Ambiente por negarse a clausurar las perforaciones de la minera, a pesar de que recientemente la Procuraduría Agraria había emitido un dictamen dando la razón a los ejidatarios.

No vamos a permitir que el asesinato de Ismael y Manuelita se convierta en un número adicional a los miles de muertos y asesinados en el estado de Chihuahua. Debe haber justicia y se debe castigar a los responsables del asesinato. Pero también debe de detenerse la explotación ilegal de los recursos naturales.

Exigimos justicia.

C. Alejandro Alfonso Poiré Romero

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

C. César Duarte Jáquez

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

ATTE.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE EL BARZON

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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