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México

Barzón Nacional responsabiliza a Duarte por asesinato de Solorio

En una carta publica, el presidente nacional de El Barzón,  responsabiliza al gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del asesinato de Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua. Así mismo en el pliego dirigido al Secretario de Gobernación Federal, Alejandro Alfonso Poiré Romero, culpan a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Aquí la carta:

Nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestra indignación frente al asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, ocurrido el día de hoy por la mañana en el municipio de Namiquipa, Chih.

Los compañeros ya habían sido agredidos por los grupos que de forma ilegal y con el apoyo de funcionarios del gobierno del Estado y de autoridades federales están realizando la explotación de agua y desarrollando procesos de contaminación y destrucción de las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua.

Los funcionarios gubernamentales nunca han querido resolver el conflicto y castigar a los que de manera permanente han estado violando la ley y afectando la vida y la producción de miles de chihuahuenses. El gobernador y las autoridades de CONAGUA nunca quisieron intervenir para solucionar el conflicto y castigar a los que de manera permanente han pasado por encima del estado de derecho.

El único motivo de la lucha de los compañeros Ismael y Manuelita era el de defender el agua de la zona del semidesierto y conservar los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales. También peleaban por evitar la violación de la Ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera Canadiense MAGSILVER, que estaba perforando a pesar de carecer de permiso y de la oposición de la asamblea y de las autoridades ejidales. Hasta el momento ya habían realizado más de 400 perforaciones, con la expectativa de que una vez iniciada la explotación, utilizarán materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos.

A pesar de la tensión permanente y de los enfrentamientos violentos, las autoridades locales y federales dejaron crecer el problema y los enfrentamientos se agravaron. Hoy los compañeros Ismael y Manuelita han sido asesinados.

Nosotros responsabilizamos al Gobernador César Duarte y a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Nuestros compañeros fueron comprometidos defensores de los derechos que tienen los habitantes de Chihuahua para lograr un desarrollo sustentable, en armonía con la naturaleza. Por ello participaban activamente en las movilizaciones en defensa de los acuíferos de la entidad, sobreexplotados mediante maniobras fraudulentas.

Hoy queremos manifestar nuestra indignación frente a la actitud del Gobernador Duarte por negarse a aplicar la Ley, dejando que el conflicto se agravara. Queremos manifestar nuestro repudio a las autoridades de CONAGUA que toleraron y estimularon la explotación ilegal de los sistemas de riego, cambiaron el uso del suelo, permitiendo que los pozos funcionaran con certificados y concesiones apócrifas, mediante la corrupción y la complicidad con grupos de menonitas, que ponían en peligro los acuíferos y la producción de maíz y frijol. Queremos manifestar nuestro repudio a la Secretaría de Medio Ambiente por negarse a clausurar las perforaciones de la minera, a pesar de que recientemente la Procuraduría Agraria había emitido un dictamen dando la razón a los ejidatarios.

No vamos a permitir que el asesinato de Ismael y Manuelita se convierta en un número adicional a los miles de muertos y asesinados en el estado de Chihuahua. Debe haber justicia y se debe castigar a los responsables del asesinato. Pero también debe de detenerse la explotación ilegal de los recursos naturales.

Exigimos justicia.

C. Alejandro Alfonso Poiré Romero

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

C. César Duarte Jáquez

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

ATTE.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE EL BARZON

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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