México

Barzón Nacional responsabiliza a Duarte por asesinato de Solorio

En una carta publica, el presidente nacional de El Barzón,

responsabiliza al gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del asesinato de Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua. Así mismo en el pliego dirigido al Secretario de Gobernación Federal, Alejandro Alfonso Poiré Romero, culpan a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Aquí la carta:

Nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestra indignación frente al asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, ocurrido el día de hoy por la mañana en el municipio de Namiquipa, Chih.

Los compañeros ya habían sido agredidos por los grupos que de forma ilegal y con el apoyo de funcionarios del gobierno del Estado y de autoridades federales están realizando la explotación de agua y desarrollando procesos de contaminación y destrucción de las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua.

Los funcionarios gubernamentales nunca han querido resolver el conflicto y castigar a los que de manera permanente han estado violando la ley y afectando la vida y la producción de miles de chihuahuenses. El gobernador y las autoridades de CONAGUA nunca quisieron intervenir para solucionar el conflicto y castigar a los que de manera permanente han pasado por encima del estado de derecho.

El único motivo de la lucha de los compañeros Ismael y Manuelita era el de defender el agua de la zona del semidesierto y conservar los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales. También peleaban por evitar la violación de la Ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera Canadiense MAGSILVER, que estaba perforando a pesar de carecer de permiso y de la oposición de la asamblea y de las autoridades ejidales. Hasta el momento ya habían realizado más de 400 perforaciones, con la expectativa de que una vez iniciada la explotación, utilizarán materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos.

A pesar de la tensión permanente y de los enfrentamientos violentos, las autoridades locales y federales dejaron crecer el problema y los enfrentamientos se agravaron. Hoy los compañeros Ismael y Manuelita han sido asesinados.

Nosotros responsabilizamos al Gobernador César Duarte y a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Nuestros compañeros fueron comprometidos defensores de los derechos que tienen los habitantes de Chihuahua para lograr un desarrollo sustentable, en armonía con la naturaleza. Por ello participaban activamente en las movilizaciones en defensa de los acuíferos de la entidad, sobreexplotados mediante maniobras fraudulentas.

Hoy queremos manifestar nuestra indignación frente a la actitud del Gobernador Duarte por negarse a aplicar la Ley, dejando que el conflicto se agravara. Queremos manifestar nuestro repudio a las autoridades de CONAGUA que toleraron y estimularon la explotación ilegal de los sistemas de riego, cambiaron el uso del suelo, permitiendo que los pozos funcionaran con certificados y concesiones apócrifas, mediante la corrupción y la complicidad con grupos de menonitas, que ponían en peligro los acuíferos y la producción de maíz y frijol. Queremos manifestar nuestro repudio a la Secretaría de Medio Ambiente por negarse a clausurar las perforaciones de la minera, a pesar de que recientemente la Procuraduría Agraria había emitido un dictamen dando la razón a los ejidatarios.

No vamos a permitir que el asesinato de Ismael y Manuelita se convierta en un número adicional a los miles de muertos y asesinados en el estado de Chihuahua. Debe haber justicia y se debe castigar a los responsables del asesinato. Pero también debe de detenerse la explotación ilegal de los recursos naturales.

Exigimos justicia.

C. Alejandro Alfonso Poiré Romero

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

C. César Duarte Jáquez

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

ATTE.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE EL BARZON

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR

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México

Fiscalía suspende audiencia legal contra Carlos Jiménez; Lilly Téllez aboga por la censura del periodista

Frente al conflicto legal que enfrenta con una servidora pública, el periodista Carlos “C4? Jiménez, informó los avances del acto de censura que se le ha adjudicado por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, pues no solo se le atribuyeron medidas cautelares y una orden de aprehensión, sino que recientemente, también se le confirió una audiencia legal en reclusorio.

Desde la primera semana de enero, el comunicador evidenció las intenciones de censura que una funcionaria del órgano emitió en su contra, la cual pretende ejercer medidas cautelares y hasta una sanción de arresto para frenar las denuncias y contundentes declaraciones que Jiménez ha externado en su programa informativo. El proceso legal ha sido respaldado por la FGJ, quienes han emitido múltiples notificaciones jurídicas en contra del periodista.

Aunque el periodista ha evitado referirse a la servidora pública, es un hecho que los usuarios ha puesto sobre la discusión el nombre de Ana Alicia Casillas Hurtazo, Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Desde el 9 de enero 2025, el conductor de ‘C4 en Alerta’ ha dado seguimiento a la demanda legal que establece con la servidora pública. El primer detonante del conflicto fue la expedición de medidas cautelares en contra del reportero, sin embargo, la situación escaló hasta un presunto arresto de 36 horas con una audiencia de por medio.

El pasado 28 de enero, la cuenta de ‘X’ de Carlos Jiménez compartió los nuevos detalles del proceso jurídico, el cual ya contemplaba una orden de audiencia en reclusorio que estaba programada para el miércoles de esa semana. No obstante, un día después, el reportero fue notificado con el aplazo del acto legal.

El periodista Carlos Jiménez, conocido por su programa C4 en Alerta. Foto: Instagram, @c4jimenez1

En la publicación, el reportero de nota roja aludió que el Poder Judicial de la Ciudad de México había reprogramado la audiencia por “problemas técnicos”, ante ello, Jiménez determinó que la Fiscalía únicamente tenía el objetivo de engañar a las autoridades insinuando que continua hablando de la servidora pública.

“La FGJ insiste en encerrarme para callarme por segunda ocasión, pidió a un juez q me encierre. Buscan engañarlo diciendo que sigo hablando de la servidora pública pues le molesta que señale su mal trabajo”, escribió en redes sociales.

La disputa entre Carlos Jiménez y la funcionaria precede por la impartición del contenido informativo que el reportero expone puntualmente en redes sociales, pues en repetidas ocasiones se evidenció el deficiente labor de Casillas Hurtazo en la mínima atención y abandono de casos de las víctimas de violencia. Es por ello que, la denuncia legal se colocó como una acto que atenta contra la libertad de expresión, al menos así lo estableció el reportero: “Pide que me arresten para callarme”.

Ante la especulación del caso, múltiples órganos, medios locales y funcionarios ha salido a emitir su postura respecto al caso, ejemplo de ello fue la senadora, Lilly Téllez, quien desde la Comisión Permanente exhorto a la FGJ-CDMX para abogar a favor de los derechos y libertad de expresión del periodista.

En el documento compartido, la militante del PAN externó ante el órgano capitalino una defensa para que se le intimide a Carlos Jiménez con el fin de censurarlo, silenciarlo o afectar su trabajo, por lo que expuso algunos lineamientos en marco de la ley para la protección del involucrado.

Foto: Cuartoscuro

Entre los criterios mencionados, Téllez exigió una resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en garantizar el respeto a las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Jiménez, asimismo, solicitó a la dependencia en no hacer uso de denuncias o procedimientos legales como mecanismos de intimidación, esto bajo el pretexto de la comisión de delitos en contra de la Fiscal de Delitos Sexuales.

Conforme a lo anterior, la funcionaria determinó que dichas demandas únicamente tenían el objetivo de censurar y silenciar el trabajo periodístico del reportero, pues el derecho a la información es garantizado por las normas del Estado. Es por ello que, consideró inaceptable que la Fiscalía pretenda arrestar al periodista Carlos Jiménez como una forma de intimidarlo cuando lo único que ha hecho es opinar sobre los actos de los servidores públicos.

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